La renuncia de Marco Lavagna a la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) expuso un fuerte conflicto interno en torno a la medición de la inflación y reavivó el debate sobre la credibilidad de los indicadores oficiales. La salida del funcionario se produjo cuando ya estaba todo preparado para implementar un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), basado en una canasta de consumo actualizada con datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018, en reemplazo de la actual canasta de 2004.
Según trascendió, el organismo tenía prácticamente listo el dato de inflación de enero calculado con la nueva metodología, que arrojaba un índice más elevado que el registrado con la medición vigente. Este resultado habría generado resistencia en el Gobierno, que decidió no avanzar con el cambio al considerar que un IPC más alto ponía en cuestión el discurso oficial de desaceleración inflacionaria.
El economista Ismael Bermúdez, en declaraciones periodísticas, explicó que con la nueva canasta la inflación de enero habría superado a la de diciembre, que había sido del 2,8%, ubicándose por encima del 3%. Ese número fue considerado “inadmisible” por el Ejecutivo, no solo por el impacto político, sino también por sus consecuencias económicas: jubilaciones, salarios, plazos fijos UVA, bonos ajustados por inflación, bandas cambiarias y otras variables clave se actualizan directamente en función del IPC.
“La inflación no es solo un dato estadístico, tiene efectos concretos sobre la vida cotidiana”, señaló Bermúdez. Una medición más alta implicaría mayores ajustes en jubilaciones y salarios, algo que el Gobierno buscó evitar manteniendo la metodología anterior. En ese sentido, recordó que en 2024 y 2025, de haberse aplicado la canasta actualizada, la inflación acumulada habría sido alrededor de 16 puntos porcentuales superior a la informada oficialmente, lo que también habría significado incrementos más elevados en los haberes previsionales.
La actualización del IPC venía siendo postergada desde hace años. Lavagna había señalado ya en 2021 que el INDEC estaba en condiciones técnicas de implementar el nuevo índice a partir de 2023, aunque la pandemia generó demoras. En 2024 el cambio volvió a aplazarse y, finalmente, se había definido comenzar en enero de 2026 para evitar distorsiones estacionales y contar con una base anual completa. Sin embargo, la decisión política de frenar el proceso terminó por precipitar su renuncia.
Especialistas subrayan que las recomendaciones internacionales indican que las encuestas de gastos de los hogares deberían actualizarse cada cinco a diez años. Con datos de consumo de 2017/2018 aún sin aplicar, el IPC actual refleja hábitos de gasto claramente desfasados de la realidad económica y social de 2026, lo que también impacta en la medición de pobreza e indigencia. Una inflación más baja, calculada con una canasta antigua, tiende a mostrar menores niveles de pobreza que los que surgirían con una medición actualizada.
La salida de Lavagna también generó inquietud en los mercados, que observan con atención la consistencia y credibilidad de los datos oficiales. La decisión de no actualizar la canasta, pese a que estaba técnicamente lista, reavivó comparaciones con etapas pasadas de intervención estadística y dejó en suspenso la implementación del nuevo IPC, que, según estimaciones, difícilmente pueda aplicarse antes de 2027.
Mientras tanto, el INDEC continuará publicando la inflación con la metodología vigente, en medio de cuestionamientos sobre su representatividad y con un debate abierto sobre el costo económico y social de postergar una actualización largamente esperada.
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