jueves, septiembre 17, 2026
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A 50 años de la Noche de los Lápices, «La Base» reconstruye la trama represiva y económica de la dictadura argentina

Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Pablo Hurtado y Eduardo García dedicaron el programa de Canal Red a la memoria de los diez estudiantes secundarios secuestrados en 1976, con un repaso judicial, mediático y económico que conecta la represión de entonces con las políticas de ajuste de Javier Milei.

Este 16 de septiembre se cumplieron 50 años de la Noche de los Lápices, uno de los episodios más recordados de la última dictadura cívico-militar argentina. El programa «La Base», que conduce Pablo Iglesias en Canal Red, dedicó buena parte de su emisión a repasar los hechos de 1976 y a analizar cómo el gobierno de Javier Milei aborda hoy esa memoria.

Qué pasó la noche del 16 de septiembre de 1976

La periodista Irene Zugasti reconstruyó los hechos centrales. En la madrugada del 16 al 17 de septiembre de 1976, la policía de la provincia de Buenos Aires secuestró en la ciudad de La Plata a un grupo de estudiantes secundarios de entre 16 y 18 años. La mayoría militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), de orientación peronista de izquierda, y en la Juventud Guevarista, ligada al Partido Revolucionario de los Trabajadores.

Según explicó Zugasti, el operativo no se limitó a esa noche: fue una campaña de tres semanas que comenzó el 8 de septiembre con el secuestro de Gustavo Calotti y se extendió hasta el 21, cuando cayó Pablo Díaz. En total fueron diez los estudiantes secuestrados en cinco colegios distintos. Seis de ellos permanecen desaparecidos: María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, María Clara Ciocchini, Horacio Ungaro, Daniel Racero y Claudio de Acha, todos pasados por los centros clandestinos de detención de Arana y Quilmes, donde se presume fueron fusilados en enero de 1977. Sobrevivieron Pablo Díaz, Emilce Moler, Patricia Miranda y Gustavo Calotti.

El nombre «Noche de los Lápices» fue acuñado en 1986 por los periodistas María Seoane y Héctor Ruiz Núñez en un libro basado en el testimonio que Pablo Díaz había dado un año antes en el Juicio a las Juntas.

Zugasti insistió en un punto que retoma la Comisión Provincial por la Memoria, que conserva los archivos de la época: la lucha de 1975 por el boleto estudiantil gratuito —lograda antes del golpe y retirada ya bajo la dictadura— no fue la causa de los secuestros, sino la excusa que permitió identificar a los jóvenes más movilizados. Según su lectura, presentar a las víctimas solo como adolescentes que reclamaban un pasaje de colectivo más barato construye lo que la propia Comisión llama «el mito de la inocencia»: una versión que en los años 80 ayudó a que la sociedad mirara de frente el horror, pero que hoy, sostuvo, termina despolitizando a militantes que sabían perfectamente en qué luchaban.

La complicidad de los grandes medios

El analista Pablo Hurtado centró su segmento, «Matar al mensajero», en el rol de la prensa argentina durante la dictadura. Recordó que diarios como Clarín y La Nación presentaron el golpe del 23 de marzo de 1976 como un retorno a la normalidad institucional y reprodujeron durante meses el lenguaje oficial de «lucha contra la subversión». Citó también un manual distribuido por el Ministerio de Educación que advertía sobre una supuesta infiltración marxista en las escuelas, y una carta abierta publicada por la revista Gente en diciembre de 1976 que llamaba a los padres a vigilar a sus hijos y denunciarlos ante las autoridades si detectaban actividad «sospechosa».

Hurtado remarcó que, mientras se producía el secuestro clandestino de los estudiantes, la cobertura mediática del caso fue nula: recién se conoció públicamente en 1985, con el testimonio de Pablo Díaz ante la Justicia. Trazó además un paralelismo entre los argumentos que el excomandante Emilio Massera utilizó en su defensa durante el Juicio a las Juntas —hablar de una «guerra» con «excesos» de ambos lados— y declaraciones recientes que, según señaló, reproducen ese mismo esquema para justificar la represión de los años setenta.

El camino judicial: de los juicios a los indultos y su anulación

Eduardo García aportó el repaso jurídico e histórico. Recordó que en 1983 el presidente Raúl Alfonsín creó la CONADEP, cuyo informe Nunca Más documentó el funcionamiento del sistema represivo, y que en 1985 el Juicio a las Juntas condenó a cinco de los nueve comandantes juzgados —entre ellos Videla y Massera, a reclusión perpetua—, estableciendo judicialmente que hubo un plan sistemático de exterminio y no una guerra con excesos aislados.

Ese proceso se vio luego limitado por la Ley de Punto Final (1986) y la de Obediencia Debida (1987), y en 1989 y 1990 el entonces presidente Carlos Menem indultó a los jefes militares condenados. Recién en 2003 el Congreso, durante la presidencia de Néstor Kirchner, anuló ambas leyes, y en 2005 la Corte Suprema las declaró inconstitucionales, lo que permitió reabrir las causas.

García comparó el caso argentino con los de Chile, Uruguay y Brasil, donde los procesos contra los represores avanzaron más lentamente o quedaron bloqueados por leyes de amnistía, y con España, donde la Ley de Amnistía de 1977 impidió durante décadas juzgar los crímenes del franquismo —lo que llevó a familiares a recurrir en 2010 a la jueza argentina María Servini, que investigó bajo el principio de jurisdicción universal e incluso procesó, sin condena firme, al exministro franquista Rodolfo Martín Villa.

El plan económico detrás de la represión

Uno de los ejes centrales del programa fue el vínculo entre el terrorismo de Estado y el programa económico del entonces ministro José Alfredo Martínez de Hoz: caída salarial, apertura financiera, desindustrialización y un fuerte endeudamiento externo que llevó la deuda pública de unos 7.800 millones de dólares en 1975 a 45.000 millones en 1983. García recordó que el 33% de los desaparecidos eran trabajadores organizados, y citó como ejemplo la condena en 2018 a dos exdirectivos de Ford por colaborar en el secuestro y tortura de 24 empleados de su propia planta.

Desde esa lectura, García trazó un paralelismo entre aquel programa económico y las políticas actuales del gobierno de Javier Milei —disciplinamiento salarial, debilitamiento sindical, sujeción al FMI y desregulación financiera— para sostener que la disputa por la memoria histórica tiene, a su juicio, una dimensión económica y no solo simbólica.

El revisionismo del gobierno de Milei

El programa dedicó un tramo a las políticas de memoria del gobierno actual. Desde 2024, la Casa Rosada publicó tres videos institucionales por el 24 de marzo: uno propio ese año, otro en 2025 protagonizado por el influencer Agustín Laje, y un documental de 75 minutos en 2026 que cuestiona la cifra de 30.000 desaparecidos y la reemplaza por la de 8.753. En paralelo, según se detalló en el programa, el gobierno dejó sin presupuesto en 2026 a la ex ESMA, discontinuó las partidas de los juicios de lesa humanidad desde 2025 y del Archivo Nacional de la Memoria desde 2024, disolvió el equipo que resguardaba archivos militares y la unidad que buscaba a hijos e hijas apropiados durante la dictadura, y puso en venta terrenos donde funcionaron centros clandestinos como La Perla Chica, La Huerta y Puerta 8.

El testimonio de una exiliada argentina

El cierre del bloque estuvo a cargo de la periodista argentina Andrea Benítez Dumón, exiliada en España, quien subrayó que los diez estudiantes no reclamaban la revolución social ni la toma del poder, sino la vigencia del boleto estudiantil gratuito, en un contexto de fuertes dificultades económicas para las familias trabajadoras. Recordó el testimonio de Adriana Calvo —fallecida en 2015— sobre el paso de los jóvenes por tres centros clandestinos de detención antes de ser trasladados al Pozo de Banfield, y mencionó que el excomisario Miguel Etchecolatz utilizaba en sus comunicaciones internas la palabra «lápices» como código para referirse al caso, un dato que surgió del testimonio del sobreviviente Jorge Julio López, desaparecido por segunda vez en 2006 tras declarar contra el represor.

El programa cerró recordando que este 16 de septiembre los estudiantes secundarios volvieron a marchar en La Plata, en Plaza Moreno, cincuenta años después de aquella campaña de secuestros.


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