La Provincia de La Rioja se presentó como querellante, por derecho propio, en la causa judicial en la que se investiga el presunto desvío fraudulento de aproximadamente $1 billón correspondientes al Sistema Vial Integrado (SISVIAL). La presentación cuenta con el patrocinio letrado del abogado y exfuncionario riojano Jorge Raúl Yoma.
Según informó Yoma, la Provincia busca intervenir activamente en el expediente en el que se encuentran bajo investigación el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y otros funcionarios, por hechos que podrían configurar distintos delitos contra la administración pública.
La presentación menciona, entre otras figuras penales, una posible defraudación en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, además de aquellos delitos que eventualmente puedan surgir del avance de la investigación.
Uno de los principales argumentos planteados por la Provincia es el perjuicio provocado por la paralización de obras viales consideradas estratégicas, tanto para La Rioja como para el desarrollo de la infraestructura nacional.
Entre las obras señaladas aparece el denominado Corredor Bioceánico, un proyecto considerado estratégico para la integración comercial y logística entre Argentina y Chile, particularmente en el tramo La Rioja–Chilecito–Pircas Negras–República de Chile.
Desde la representación provincial sostienen que la interrupción o falta de financiamiento de estas obras genera consecuencias que exceden el ámbito local y afectan las posibilidades de integración regional, desarrollo productivo y conexión con los mercados internacionales.
En este marco, la Provincia anticipó que, en su carácter de querellante, impulsará junto con el Ministerio Público Fiscal las medidas que considere necesarias para determinar las responsabilidades correspondientes y establecer el destino de los recursos investigados.
La presentación también plantea que, si la investigación judicial acredita la existencia de irregularidades, los responsables deberán responder penal y civilmente por los daños ocasionados, además de procurar la restitución de los fondos que, según la denuncia, habrían sido destinados de manera irregular.
“Vamos a defender con entereza y coraje los altos intereses del país y del gran pueblo riojano”, expresó Yoma al comunicar la decisión.
La presentación abre así una nueva instancia de participación de La Rioja en una investigación que pone bajo la lupa el manejo de los recursos destinados a infraestructura vial y que, de acuerdo con el planteo provincial, tiene consecuencias directas sobre obras consideradas fundamentales para el desarrollo económico y estratégico de la provincia.
Cabe señalar que las acusaciones mencionadas forman parte de una investigación judicial y no implican, por sí mismas, una condena ni determinan responsabilidad penal de las personas señaladas, cuestión que deberá establecerse a partir de las pruebas y del avance del proceso.
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