Hoy quiero hablar de algo que parece técnico pero es profundamente político: quién controla el cable, el satélite y los datos que entran y salen de nuestros hogares.
La Rioja tiene, desde hace una década, una política pública que muchas provincias todavía no logran igualar. La empresa estatal Internet para Todos, dependiente de La Rioja Telecomunicaciones, cubre hoy más del 84% de los hogares riojanos con conexión, atiende a más de 101.500 clientes y, lo más importante, ofrece servicio gratuito a más de 8 mil hogares rurales que ninguna empresa privada consideraría rentable conectar. Catorce de los dieciocho departamentos ya cuentan con fibra óptica, y la meta es que La Rioja se convierta en la primera provincia argentina con el 100% de su red en esa tecnología. Todo esto, financiado con fondos propios desde 2015, sin depender de un solo peso de capital extranjero.
Y los números lo confirman: mientras el promedio nacional de penetración de internet fijo ronda el 81% de los hogares, La Rioja está en 79,82 —por encima de provincias con mucho más presupuesto y mucha más población, como Mendoza, Salta, Jujuy o Corrientes. Eso no es casualidad. Es el resultado de una decisión política: que la conectividad sea un derecho, no un negocio. De hecho, ese principio quedó plasmado en la nueva Constitución provincial.
Mientras tanto, ¿qué propone el gobierno nacional? Starlink. La antena de Elon Musk, promocionada desde la Casa Rosada como la solución mágica para la Argentina profunda. Y hay que decirlo con todas las letras: es un negocio extranjero, manejado por una corporación privada estadounidense, sin ningún tipo de regulación soberana sobre los datos que circulan por esa red.
Cuando el Estado se retira y entrega la conectividad a Starlink, no solo pierde control técnico: pierde soberanía. Cada mensaje, cada dato, cada movimiento de una escuela rural, de un puesto sanitario o de un municipio pasa por servidores que no están en Argentina, bajo jurisdicción de otro país, sujetos a decisiones comerciales que Buenos Aires —y mucho menos La Rioja— no puede controlar. Si mañana Musk decide subir tarifas, cortar el servicio en una región del mundo por conflicto político, o simplemente priorizar otros mercados, miles de familias argentinas quedan a merced de una decisión tomada en Texas.
Además, el propio Musk ya demostró en Ucrania que Starlink puede ser un arma geopolítica: se ha usado para condicionar operaciones militares según los intereses de su dueño. ¿Ese es el modelo que queremos para la conectividad rural de nuestro país?
El contraste no podría ser más claro. Por un lado, un modelo riojano de gestión pública, autosustentable, con trabajadores locales, con inversión reinvertida en la propia provincia. Por otro, la promesa libertaria de resolver la brecha digital regalándole el mercado a un multimillonario extranjero, sin control estatal ni garantías de continuidad.
La conectividad no es solo velocidad de descarga. Es soberanía. Y en eso, mientras el gobierno nacional apuesta a Musk, La Rioja ya demostró que se puede construir infraestructura crítica sin resignar el control del propio destino.
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