En los últimos días, el Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, expresó su preocupación por el corte del suministro eléctrico a una emisora privada de la provincia de La Rioja, interpretando el hecho como un posible atentado contra la libertad de prensa.
Sin embargo, antes de formular semejante conclusión, resulta indispensable analizar los hechos con rigor y sin prejuicios.
Lo primero que debe decirse es que, según la información conocida públicamente, el corte del servicio eléctrico no obedeció a razones editoriales, ideológicas ni políticas. El suministro fue interrumpido por una causa concreta y objetiva: la falta de pago del servicio. Una situación que enfrentan diariamente miles de usuarios residenciales, comerciales e industriales en todo el país.
La propia empresa distribuidora de energía de La Rioja, EDELAR, contempla dentro de su régimen de prestación la suspensión del servicio ante facturas impagas y establece los mecanismos para la posterior rehabilitación una vez regularizada la deuda. Esa normativa alcanza a cualquier usuario, sin distinción de actividad económica, política o mediática.
Entonces cabe una pregunta simple: ¿debe una empresa periodística quedar exenta de las obligaciones que sí cumplen comerciantes, jubilados, trabajadores y vecinos comunes?
Porque si la respuesta fuera afirmativa, ya no estaríamos hablando de libertad de prensa. Estaríamos hablando de privilegios.
También corresponde recordar que el propietario de la señal involucrada no es un actor ajeno a la realidad riojana. Por el contrario, desarrolló gran parte de su crecimiento empresarial en esta provincia, beneficiándose durante años de importantes ingresos provenientes de pauta oficial y de distintas herramientas de promoción económica impulsadas por el Estado provincial. Entre ellas, créditos blandos que contribuyeron al desarrollo de sus emprendimientos empresariales.
Por supuesto, nada de eso invalida su derecho a ejercer el periodismo ni a expresar opiniones críticas. Pero sí obliga a poner las cosas en perspectiva cuando se intenta presentar un conflicto comercial o administrativo como un supuesto caso de censura.
Más llamativo aún resulta observar la reacción selectiva de FOPEA. La entidad suele manifestarse con rapidez cuando considera que existe una amenaza a uno de sus asociados. Sin embargo, durante los últimos años numerosos periodistas, comunicadores y trabajadores de prensa que mantienen posiciones críticas hacia distintos gobiernos nacionales han denunciado agresiones verbales, campañas de hostigamiento, descalificaciones públicas y restricciones al acceso a la información.
En muchos de esos casos, la contundencia institucional no pareció ser la misma.
La defensa de la libertad de expresión debe ser universal o corre el riesgo de convertirse en una herramienta de conveniencia política. No puede depender de quién es el afectado, cuál es el medio involucrado o qué línea editorial sostiene.
La libertad de prensa constituye uno de los pilares esenciales de la democracia. Pero también lo son la igualdad ante la ley y el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a todos los ciudadanos y empresas.
Confundir una deuda impaga con censura puede terminar debilitando las verdaderas denuncias de persecución periodística cuando realmente ocurren.
Y esa es una responsabilidad que ninguna organización dedicada a defender el periodismo debería pasar por alto.
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