En el marco del plenario de comisiones del Senado que analiza modificaciones al régimen de biocombustibles, el senador nacional por La Rioja, Fernando Rejal, planteó interrogantes vinculados a la seguridad jurídica de las inversiones realizadas por pequeñas y medianas empresas del sector y manifestó preocupación por los posibles efectos que una reforma legislativa podría generar sobre las plantas productoras de biodiésel.
Durante el intercambio con representantes de la industria, Rejal recordó que había mantenido reuniones previas con referentes del sector para interiorizarse sobre el impacto de los cambios propuestos y señaló que, aunque La Rioja no es una provincia productora de biodiésel, el debate involucra principios que exceden la cuestión energética.
«Estamos a punto de tratar otra ley vinculada a la inviolabilidad de la propiedad privada y esto tiene mucho que ver con la seguridad jurídica», sostuvo el legislador. En ese sentido, remarcó que numerosas empresas realizaron inversiones millonarias bajo el amparo de un régimen legal vigente y con expectativas de rentabilidad construidas sobre las reglas establecidas por el Estado.
Rejal planteó entonces una de las cuestiones centrales del debate: si es posible compatibilizar las aspiraciones de los sectores que impulsan modificaciones al régimen con la necesidad de proteger a las pymes que desarrollaron sus proyectos productivos bajo el marco normativo actual.
«Me surgió la incógnita de si también estaríamos violando las inversiones que se han hecho con una expectativa de lucro al momento de realizar esas inversiones», expresó.
La defensa de la Ley 27.640
La consulta del senador fue respondida por representantes de las empresas productoras de biodiésel, quienes defendieron la continuidad de la actual Ley 27.640, sancionada en 2021, aunque reconocieron que el régimen puede ser perfeccionado.
Durante la exposición se destacó que la política de promoción de biocombustibles permitió consolidar durante dos décadas una industria con fuerte presencia federal, tanto en la producción de bioetanol a partir de caña de azúcar y maíz como en la elaboración de biodiésel derivado de soja.
Según señalaron los empresarios, la normativa vigente posibilita actualmente el abastecimiento mensual de aproximadamente 330.000 toneladas de biodiésel destinadas al corte obligatorio con gasoil, además de industrializar cerca de 800.000 toneladas de aceite vegetal al año dentro del país.
«Gracias a esta ley todos los argentinos cargan combustible con un porcentaje de biodiésel», indicaron durante el plenario.
Una salida intermedia
En su intervención, Rejal consultó específicamente si una alternativa viable sería avanzar únicamente con los cambios consensuados en materia de bioetanol y mantener sin modificaciones el régimen que regula el biodiésel.
La respuesta del sector fue que esa posibilidad permitiría preservar la actividad de las pymes productoras, evitando que numerosas plantas enfrenten escenarios de cierre o dificultades económicas.
Sin embargo, también se reconoció que una solución parcial podría limitar las oportunidades de expansión de la producción nacional de biocombustibles y postergar incrementos en los porcentajes de mezcla obligatoria con combustibles fósiles.
Los representantes empresariales sostuvieron que apoyan una mayor participación de los biocombustibles en la matriz energética argentina y la incorporación de nuevos actores productivos, pero reclamaron que cualquier reforma contemple mecanismos que eviten el desplazamiento de las pequeñas empresas.
«No lo hagan sobre nosotros, no lo hagan condenándonos a las quiebras», advirtieron.
Un debate con impacto económico y federal
La discusión sobre la modificación de la Ley 27.640 enfrenta actualmente dos grandes posiciones. Por un lado, sectores vinculados a grandes complejos agroindustriales y productores integrados impulsan elevar los porcentajes de corte obligatorio y flexibilizar los mecanismos de abastecimiento. Por otro, las pymes elaboradoras de biodiésel reclaman mantener las herramientas que les permiten competir frente a empresas de mayor escala.
La intervención de Fernando Rejal puso el foco en un aspecto que atraviesa toda la discusión: la necesidad de brindar previsibilidad a quienes invirtieron bajo un determinado marco regulatorio.
Aunque el senador riojano no manifestó una posición definitiva sobre el texto en debate, dejó planteada una preocupación vinculada a la protección de las inversiones y a la coherencia entre los principios de defensa de la propiedad privada promovidos por el Gobierno nacional y los efectos concretos que una eventual modificación legal podría generar sobre empresas y trabajadores del sector.
El proyecto continuará siendo analizado en comisión antes de llegar al recinto, donde el Senado deberá definir el futuro del régimen que regula una de las principales actividades de la bioeconomía argentina.
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