Un nuevo foco de tensión institucional se abre entre las provincias de La Rioja y San Juan a partir del planteo impulsado por el gobernador riojano en torno a los límites interprovinciales y su vinculación con proyectos mineros en la zona cordillerana.
En este contexto, el abogado constitucionalista sanjuanino Óscar Cuadros analizó la situación en una entrevista en el medio local Radio Fenix, y consideró que, si bien la provincia de La Rioja tiene la facultad de acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para plantear una controversia limítrofe, el argumento central esgrimido por el Ejecutivo provincial presenta debilidades jurídicas.
Según explicó, el acuerdo de límites entre ambas provincias cuenta con más de 60 años de vigencia y fue oportunamente establecido por el Congreso de la Nación Argentina. En ese sentido, aclaró que cualquier disputa posterior debe dirimirse exclusivamente en el ámbito de la Corte Suprema, en su competencia originaria, y no en el Senado, como se ha sugerido desde sectores del oficialismo riojano.
Cuadros también cuestionó el planteo que apunta a deslegitimar el acuerdo limítrofe por haber sido firmado durante un gobierno de facto. Al respecto, sostuvo que numerosas normas dictadas en esos períodos fueron posteriormente incorporadas y ratificadas dentro del sistema democrático argentino, lo que les otorga plena vigencia legal. “No hay una cuestión de ‘pedigrí’ que invalide esas normas”, afirmó.
En ese marco, el especialista consideró “poco auspicioso” que se reabra una discusión de estas características luego de décadas sin controversias formales, y estimó que el planteo tendría escasas probabilidades de prosperar judicialmente si se basa principalmente en ese argumento.
El conflicto se da en paralelo con la actividad minera en la región, particularmente en áreas cercanas a proyectos como los yacimientos cordilleranos compartidos. Allí también se suman disputas por el uso de caminos y el impacto ambiental en zonas protegidas como la Laguna Brava.
En relación a esto, Cuadros cuestionó una reciente medida judicial adoptada en Chilecito que restringe el paso de una empresa minera por territorio riojano hasta tanto presente estudios de impacto ambiental. Si bien reconoció la competencia de la provincia para proteger sus recursos naturales, advirtió que la decisión podría incurrir en un “exceso de jurisdicción” si pretende afectar actividades desarrolladas en territorio sanjuanino.
Por otro lado, también relativizó la posibilidad de exigir a empresas mineras que contraten un porcentaje determinado de trabajadores riojanos. “Es una expresión de deseo más que una obligación legal”, sostuvo, al remarcar que no existe normativa que imponga ese tipo de condiciones interprovinciales.
Finalmente, el constitucionalista evitó hacer valoraciones políticas sobre la estrategia del gobierno riojano, aunque remarcó que el conflicto emerge en un contexto específico vinculado al desarrollo minero en la región. Desde su perspectiva, el sustento jurídico del planteo “no parece tener la solidez necesaria” para lograr un fallo favorable en la Corte Suprema.
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