La Municipalidad de Aguas Blancas recurrió a la Justicia para frenar las restricciones impuestas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) al régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo.
A través de una acción de amparo colectivo, solicitó que se suspenda la aplicación de la Resolución General emanada del organismo, y que se declare su inconstitucionalidad y nulidad.
El planteo advierte que las nuevas disposiciones afectan directamente a los pobladores de la frontera, en particular a quienes trabajan como bagayeros y dependen del traslado de mercaderías para subsistir. Según los argumentos expuestos en la presentación, la actividad constituye una fuente de ingresos para numerosas familias de Aguas Blancas y Salvador Mazza.
Uno de los puntos cuestionados es la restricción al egreso de granos argentinos y de mercaderías acondicionadas de 10 kilogramos o más, o su equivalente en volumen.
La presentación sostiene que estas limitaciones desvirtúan el objetivo social y económico del régimen fronterizo, históricamente destinado a atender las necesidades de los habitantes de esas zonas.
Impacto en la zona
En el escrito judicial se argumenta que la actividad de los bagayeros no puede ser considerada, por sí misma, una práctica delictiva.
La demanda diferencia el trabajo individual de subsistencia de las estructuras comerciales que pudieran involucrar explotación laboral o maniobras ajenas al régimen autorizado.
También advierte sobre las consecuencias económicas que las restricciones podrían provocar en los comercios y las pequeñas y medianas empresas que dependen del movimiento de mercaderías en la frontera.
La caída en las ventas podría derivar en cierres de negocios, pérdida de puestos de trabajo y una reducción de los ingresos municipales vinculados a la actividad comercial.
Cuestiona, así, que la normativa se haya aplicado sin contemplar las particularidades económicas y sociales de la región.
En ese sentido, invoca la Recomendación 204 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que promueve políticas integrales para facilitar la transición de la economía informal a la formal, con participación de los trabajadores y medidas de protección social.
Suspensión inmediata
Como medida cautelar, el municipio solicitó que se suspendan inmediatamente los efectos en el paso fronterizo de Aguas Blancas y que, hasta que exista una sentencia definitiva, vuelva a aplicarse el régimen anterior, establecido por la Resolución 2604/86.
Entre los fundamentos del pedido, la demanda señala que la continuidad de las restricciones podría profundizar la pérdida de empleos y afectar la subsistencia de las familias que dependen del comercio fronterizo.
También menciona posibles consecuencias sobre la paz social, ante el malestar de los sectores perjudicados.
El escrito solicita, además, que la ARCA aporte información sobre las operaciones registradas antes y después de la entrada en vigencia de la nueva normativa, el volumen de mercaderías trasladadas y los procedimientos aduaneros realizados contra pobladores locales.
También pide informes a los municipios y las cámaras comerciales de Aguas Blancas y Salvador Mazza para determinar el alcance económico de las medidas. Finalmente, la Municipalidad requirió que la Justicia declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta del artículo 1 y de las disposiciones concordantes de la resolución cuestionada.
El planteo busca que se suspendan las restricciones mientras se resuelve el fondo de la causa.
La presentación expone los argumentos del municipio, pero el documento analizado no permite confirmar que la medida cautelar haya sido concedida ni que exista una resolución judicial definitiva.
También el Concejo Deliberante de Aguas Blancas, presentó ante el gobernador Gustavo Sáenz, una nota planteando la realidad socio-económico de la zona, a fin de que gestione ante el Gobierno nacional y ARCA la derogación de la resolución, además de impulsar una modificación integral del régimen para adecuarlo a la realidad fronteriza.
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