La renuncia de Marco Lavagna como titular del INDEC marcó un sacudón en toda la economía del país. Es una confirmación del uso del INDEC a gusto y placer del ejecutivo, en este caso el presidente MILEI y el Ministro Caputo. Es, sobre todo, una señal política, institucional y económica que debería encender luces de alerta en una Argentina con una larga y dolorosa historia de manipulación estadística.

Según lo expresado por el propio ministro de Economía, Luis Caputo, la salida de Lavagna se explica por una diferencia en torno al momento oportuno para aplicar una nueva metodología de medición del Índice de Precios al Consumidor. Lavagna quería implementarla ahora. El Gobierno, en cambio, prefiere esperar a que el proceso de desinflación esté “totalmente consolidado”. Dicho sin rodeos: se decide cuándo medir mejor la inflación en función de la conveniencia política del momento.
Y aquí aparece el núcleo del problema. La nueva metodología no solo estaba lista, sino que ya había sido presentada y consensuada técnicamente. Incluso varias jurisdicciones, como la Ciudad de Buenos Aires, la vienen utilizando desde hace tiempo. No estamos hablando de improvisación ni de falta de capacidad técnica, sino de una decisión deliberada de postergar un cambio que alteraría los números oficiales.
¿Por qué postergarlo? Porque el nuevo esquema refleja con mayor peso el impacto de los servicios regulados —luz, gas, transporte, salud—, justamente los precios que más han aumentado en el actual modelo económico. Aplicar hoy esa metodología implicaría reconocer una inflación más alta, una caída mayor del poder adquisitivo y, por lo tanto, un relato oficial mucho más difícil de sostener.
Otro punto clave: la manipulación o el atraso metodológico no es neutro. Tiene efectos concretos. Hay deuda pública que ajusta por inflación, bonos que se actualizan según el producto interno y decisiones de inversión que dependen de la credibilidad de los datos. Cambiar —o no cambiar— una metodología no es solo una discusión técnica: mueve millones y define ganadores y perdedores.
Además, hay un daño quizás más profundo y duradero: el institucional. Argentina ya pagó un costo enorme por haber perdido credibilidad estadística en el pasado. Durante años, la sociedad dejó de creer en el INDEC. Reconstruir esa confianza llevó tiempo, esfuerzo y consensos amplios. Hoy, con declaraciones públicas que admiten elegir “el momento político” para medir mejor, ese capital vuelve a ponerse en riesgo.
Lavagna, con todas sus limitaciones y contradicciones, parecía haber llegado a un punto de no retorno. Ya había aceptado demoras y concesiones, pero la exigencia de seguir postergando lo técnicamente correcto terminó siendo demasiado. Su renuncia, entonces, no habla solo de una interna, sino de un límite.
La pregunta que queda flotando es inquietante: si se echa al titular del organismo estadístico por querer medir mejor, ¿qué mensaje se les da a los técnicos, a los mercados y, sobre todo, a la sociedad? La respuesta no es alentadora.
Porque sin estadísticas creíbles no hay diagnóstico, y sin diagnóstico no hay política económica honesta. Solo relato. Y la historia argentina demuestra que cuando la realidad se tapa con números convenientes, el costo siempre llega. Más temprano que tarde.
