La Justicia Federal desestimó la denuncia penal presentada contra el gobernador riojano y la senadora nacional por La Rioja, luego de considerar que sus declaraciones se encuadraron dentro del debate político y no constituyeron delito. La causa había sido impulsada tras una fuerte polémica generada por expresiones públicas de ambos dirigentes sobre la situación política nacional y la continuidad del Gobierno.
Según el pronunciamiento difundido por el mandatario provincial, el expediente CFP 748/2026 —tramitado ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 9— fue archivado en forma definitiva conforme al artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación. La resolución, fechada el 27 de marzo de 2026, tomó como base el dictamen del fiscal federal Carlos Rívolo, quien concluyó que las manifestaciones cuestionadas se produjeron en un contexto de discusión política y social intensa y que no configuraban ilícitos penales.
La denuncia original se había presentado a fines de febrero y apuntaba a investigar presuntos delitos de intimidación pública, apología del delito, sedición e instigación a la violencia. El origen del planteo estuvo vinculado a declaraciones del gobernador, quien en una entrevista radial sostuvo que el gobierno nacional “no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027” y evocó la crisis de 2001 al señalar que “hay sacrificios que valen la pena”, lo que motivó una presentación judicial para evaluar si esas expresiones podían interpretarse como incitación a la violencia colectiva o amenaza de sedición.
En paralelo, la senadora nacional también fue denunciada por frases pronunciadas durante un debate político en el Senado, cuando afirmó que “no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen”, en alusión a episodios de la crisis institucional de 2001. La acusación consideró que esas declaraciones podían constituir delitos contra el orden institucional, lo que derivó en la acumulación de las presentaciones judiciales contra ambos dirigentes.
Incluso, trascendió que además de las presentaciones impulsadas por el fiscal federal Carlos Stornelli, también se radicó una denuncia por parte del abogado Santiago Dupuy de Lome, quien calificó los dichos como “golpistas” y pidió que se investigaran penalmente por presunta incitación a la violencia y sedición.
Tras el archivo de la causa, el gobernador sostuvo que la acusación fue “absolutamente desproporcionada” y que buscó tergiversar el sentido de sus palabras, remarcando que siempre defendió el orden constitucional y el funcionamiento democrático. En ese sentido, consideró que el fallo “expone con claridad” que no corresponde utilizar el sistema judicial para disciplinar opiniones políticas y afirmó que continuará expresándose con la misma convicción.
La decisión judicial pone fin a un episodio que generó fuerte repercusión política, luego de que las declaraciones de ambos dirigentes fueran interpretadas por sectores del oficialismo nacional como desestabilizadoras, mientras que desde el peronismo riojano denunciaron una persecución judicial y política. Con el archivo definitivo, la Justicia concluyó que las expresiones cuestionadas forman parte del debate democrático y no constituyen conductas penales.
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