El impacto de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito judicial y los desafíos legales que plantea en la actualidad se han convertido en el centro de atención de distintos debates en el país. La doctora Karina Cabral, jueza de la Cámara Tercera en lo criminal y correccional de la provincia de La Rioja, analizó las dos caras de esta tecnología y la necesidad urgente de contar con un marco regulatorio adecuado.
Durante la charla, la magistrada destacó que la inteligencia artificial actúa como una herramienta de doble filo: puede potenciar significativamente el trabajo diario en los tribunales o, por el contrario, ser utilizada para cometer delitos graves e irreparables. Como ejemplo de su uso perjudicial, mencionó los recientes casos de manipulación de imágenes mediante técnicas de deepfake en Argentina, incluyendo la generación de fotografías de menores de edad con fines pornográficos.
Cabral señaló que estos delitos se enfrentan a un doble desafío: por un lado, el desconocimiento generalizado en el manejo seguro y ético de estas herramientas tecnológicas; por otro, la falta de una tipificación penal expresa en muchos aspectos, dado lo vertiginoso de los avances digitales. Sin embargo, aclaró que la justicia ya cuenta con figuras legales vigentes y normativas de protección de género e infancia que permiten encuadrar y sancionar conductas como la producción, publicación y viralización de material sexualizado sintético, además de ordenar la eliminación inmediata de dichos contenidos en las redes sociales.
Ante la velocidad con la que evoluciona la tecnología, la jueza remarcó que lo ideal es avanzar hacia una legislación provincial y federal específica que regule la gobernanza y el uso responsable de la IA. Destacó que algunas jurisdicciones del país, como San Juan —pionera en registrar su propio software de asistencia judicial—, Córdoba y Río Negro, ya están implementando herramientas tecnológicas propias para optimizar la redacción de fallos, resúmenes y transcripciones de audiencias.
Asimismo, la doctora Cabral hizo hincapié en que la inteligencia artificial no reemplaza la labor del juez, sino que opera como un soporte técnico e investigativo para agilizar trámites burocráticos y mejorar la eficiencia en la administración pública y judicial. En este marco, compartió detalles sobre su iniciativa educativa en la materia, orientada a democratizar el acceso al conocimiento y capacitar a los operadores del derecho en el uso ético, seguro y responsable de estas nuevas tecnologías.
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