Con el 89% de los votos afirmativos, la Asamblea Universitaria dio luz verde al proyecto impulsado por la gestión de la rectora Natalia Albarez Gómez. La reforma busca reducir el gasto político, estandarizar los procesos electorales con el resto del país y priorizar la calidad académica, en medio de un intenso debate sobre la alternancia.
LA RIOJA.— En lo que ya se califica como un quiebre histórico en la vida institucional de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), la Asamblea Universitaria aprobó por una amplísima mayoría una reforma profunda de su Estatuto. El proyecto, promovido activamente por la gestión que encabeza la rectora Natalia Albarez Gómez, obtuvo el respaldo del 89% de los asambleístas, consolidando el consenso de diversos estamentos y espacios políticos tras meses de debate y construcción colectiva.
Desde el rectorado señalaron que esta actualización normativa tiene como meta optimizar el funcionamiento de la casa de altos estudios, adecuándola a los desafíos pedagógicos y presupuestarios de la educación superior contemporánea.
Los ejes centrales de la nueva UNLaR
La reforma introduce modificaciones estructurales en la organización de la universidad, destacándose cuatro pilares fundamentales:
- Sintonía con el sistema nacional: El cambio más significativo es la extensión de los mandatos para cargos electivos (Rector/a, Vicector/a y Decanos/as), que pasan de 3 a 4 años. Hasta esta modificación, la UNLaR era una de las tres únicas universidades públicas del país que mantenía periodos de tres años. Con esto, se busca otorgar mayor estabilidad y previsibilidad a los proyectos de gestión.
- Austeridad y reducción del gasto político: El nuevo marco normativo promueve una «reingeniería institucional» orientada a optimizar la administración de los recursos. El objetivo explícito es disminuir las erogaciones del aparato político para priorizar la inversión en las funciones sustantivas de la universidad: enseñanza, investigación, extensión y vinculación con la comunidad.
- Enfoque territorial e inclusión: La normativa ratifica constitucionalmente la gratuidad de las carreras de grado y pregrado como un derecho humano, al tiempo que obliga a la institución a volcar sus esfuerzos en el desarrollo socioeconómico de la provincia, brindando especial protagonismo a las sedes regionales del interior.
- Calidad y evaluación continua: Se institucionalizan mecanismos obligatorios de autoevaluación y planificación estratégica, una demanda clave de la comunidad de graduados y estudiantes para auditar los resultados de la gestión educativa de manera sistemática.
Entre el consenso y la tensión política
A pesar de haber sido el resultado de un proceso de diálogo donde participaron representantes de todos los estamentos universitarios, la sesión de la Asamblea y los días previos no estuvieron exentos de debate político en los pasillos de la ciudad universitaria.
Mientras los sectores oficialistas defienden que la reforma fue diseñada con una visión de futuro para garantizar la estabilidad institucional y aclaran que se mantiene el límite estricto de una sola reelección consecutiva, bloques opositores manifestaron sus dudas respecto a los tiempos de aplicación. El debate de fondo gira en torno a si el cambio de reglas a mitad del actual periodo podría interpretarse como un reinicio en el cómputo de los mandatos vigentes, encendiendo las alarmas de la disidencia respecto a los mecanismos de alternancia.
Más allá de las lógicas tensiones de la política universitaria, la aprobación del texto marca el inicio de una nueva etapa institucional para la UNLaR, que se perfila de ahora en adelante como una organización más moderna, abierta y adaptada a los estándares del sistema universitario nacional.

