La senadora riojana Florencia López criticó con dureza las políticas de desregulación impulsadas por el Gobierno nacional y advirtió que las medidas económicas no generaron las inversiones prometidas, mientras —según afirmó— afectaron a los sectores más vulnerables, elevaron tarifas y pusieron en riesgo organismos públicos.
Durante su intervención, la legisladora reconoció que la ciudadanía votó por un cambio, pero cuestionó que las políticas actuales estén encabezadas por funcionarios con participación en gestiones anteriores. En ese sentido, sostuvo que el plan de desregulación y modernización del Estado “no representa una novedad” y aseguró que las medidas adoptadas derivaron en un encarecimiento del costo de vida.
López vinculó esas decisiones con la eliminación de regulaciones en combustibles, tarifas eléctricas y gas, lo que —según planteó— se tradujo en aumentos que hoy afectan a los usuarios. “La gente todavía está esperando ese cambio y la transformación de la Argentina que prometió este gobierno”, afirmó, al señalar que no se concretaron las inversiones anunciadas tras el DNU y la Ley Bases.
La senadora también expresó preocupación por el impacto de las reformas en organismos estatales y trabajadores. Indicó que las políticas de reestructuración alcanzaron áreas como el INTI, el INTA y Vialidad Nacional, y cuestionó despidos y cambios administrativos que, a su entender, perjudican servicios públicos y funciones estratégicas.
En su exposición, además, denunció que las medidas impulsadas por el Ejecutivo afectaron a sectores vulnerables, entre ellos personas con discapacidad, y cuestionó decisiones vinculadas a revisiones y bajas de pensiones. Según sostuvo, estas acciones se enmarcan en una política general de ajuste del Estado.
Por otra parte, López criticó la venta de bienes públicos y advirtió sobre la liquidación de inmuebles pertenecientes a organismos nacionales. Señaló que se trata de propiedades de alto valor y reclamó mayor control del Congreso sobre esas operaciones. También cuestionó la designación de funcionarios vinculados al sector inmobiliario en áreas encargadas de la administración de activos estatales.
Finalmente, la senadora pidió explicaciones sobre el proceso de venta de bienes del Estado y reclamó transparencia en la gestión. “Defienden la propiedad privada pero no la propiedad del Estado”, sostuvo, y solicitó que el Gobierno informe cómo avanza la enajenación de inmuebles públicos y bajo qué criterios se están realizando esas operaciones.
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