LA RIOJA — El magistrado Dr. Gamal Chamía rompió el silencio y respondió categóricamente a la denuncia penal radicada en su contra por una empleada judicial radicada en Buenos Aires. Chamía calificó las acusaciones como «mentiras inverosímiles y aberrantes», y aseguró que la causa responde a un intento de justificar faltas laborales y presionar en medio de concursos de personal.
Un conflicto originado por licencias prolongadas
El magistrado explicó que la denunciante, identificada como María Emilia Galván, se desempeña como agente del tribunal pero se encuentra radicada en Buenos Aires con licencias médicas y familiares desde hace más de cuatro años.
Según detalló Chamía, durante los años 2024 y 2025 ejerció la presidencia del tribunal, período en el cual las solicitudes de la empleada fueron evaluadas y justificadas institucionalmente por acuerdo, contando con la supervisión y control del Departamento de Medicina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El conflicto escaló a finales del año pasado cuando el organismo médico determinó que las licencias debían finalizar y que la agente debía reincorporarse a sus funciones presenciales:
- El intento de acuerdo: En diciembre se le asignó el rol de personal de feria para que comenzara a trabajar en enero, e incluso —a instancias del tribunal— se contempló flexibilizar su ingreso para el mes de febrero.
- La negativa: Sin embargo, la empleada no se presentó a trabajar, argumentando nuevos problemas de salud y negándose a comparecer nuevamente ante el cuerpo médico oficial.
- La denuncia: Ante la acumulación de faltas injustificadas y el agotamiento de las vías administrativas para sostener sus licencias, la agente radicó la denuncia penal en febrero.
«Relatos de película» y presentación espontánea
El juez Chamía sostuvo que la denunciante utilizó los protocolos vinculados a la legislación de género —como la solicitud de medidas cautelares— sabiendo que el fuero penal activa de manera inmediata este tipo de salvaguardas ante cualquier presentación, aunque remarcó que el juzgado interviniente en Buenos Aires (a cargo del Dr. Daniel Rafecas) no adoptó ninguna medida de restricción y se declaró incompetente, remitiendo las actuaciones a la jurisdicción local.
«Es una bil mentira que solo busca ensuciarme, mezclándolo ahora con las promociones del personal para darle mayor impacto mediático y gremial», afirmó el magistrado.
Asimismo, Chamía indicó que ya se presentó de manera espontánea en la causa designando a su abogado defensor, a la vez que puso a disposición los registros y elementos probatorios necesarios —incluyendo el legajo laboral de la empleada y los controles de acceso del edificio— para demostrar la falsedad de los episodios relatados en la denuncia.
El trasfondo de las promociones de personal
El juez deslizó que detrás de esta maniobra podrían existir intereses sectoriales vinculados a las designaciones internas. Señaló que existieron presiones para imponer en un cargo de secretaría a una persona externa a la provincia propuesta por otro vocal, nombramiento que fue rechazado por el tribunal en favor de la promoción interna de la prosecretaria, Dra. Alejandra Grimaux.
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