Bajo la consigna de una pretendida “inviolabilidad de la propiedad privada”, asistimos hoy a un intento deliberado de despojo social y soberano. Lo que en los papeles se presenta con un lenguaje técnico y eufemístico como una garantía de derechos, en la práctica no es más que una ley de extranjerización de la tierra: una herramienta diseñada para blindar el patrimonio de los grandes capitales y proteger los privilegios de unos pocos, mientras se desprotege abiertamente la propiedad del pueblo argentino, del trabajador rural, de las pymes y de las familias que habitan el interior profundo de nuestra Patria.
Esta disputa no es nueva. Resuena con fuerza en nuestra memoria colectiva y nos remite inevitablemente a la década de los ’70 y a la gesta de Monseñor Enrique Angelelli aquí en La Rioja. Angelelli no fue asesinado por azar; fue martirizado por alzar la voz en favor de los sectores más vulnerables, por levantar con valentía las banderas inseparables de Pan, Techo y Trabajo, y por denunciar que la tierra tiene una función social inviolable. Para Angelelli, la tierra no podía ser un objeto de especulación ni un botín para unos cuantos, sino el sustento digno del pueblo trabajador.
Hoy, la historia se repite con distintos ropajes pero con la misma matriz de injusticia. Con la excusa del libre mercado y bajo la promesa de inversiones que jamás llegan a beneficiar a la gente común, presenciamos la entrega de nuestros recursos naturales y de nuestros bienes hídricos. La quita de impuestos a los grandes patrimonios coexiste con el ahogo fiscal a nuestras pymes, el aumento indiscriminado de los servicios esenciales y el encarecimiento de la vida para nuestros jubilados. Mientras tanto, en provincias como la nuestra, las consecuencias son palpables: el cierre de cientos de empresas y la pérdida de miles de puestos de trabajo que sustentaban a familias reales.
Frente a esta avanzada que pretende naturalizar la extranjerización y la entrega, es fundamental comprender que estas no son consecuencias inevitables del destino, sino decisiones políticas premeditadas. La propiedad no es solo un título individual; es soberanía, es patrimonio nacional y es el derecho de un pueblo a proyectar su futuro en su propio suelo.
Por eso, el debate no debe quedar recluido únicamente en los recintos legislativos ni en las disputas virtuales de las redes sociales. La verdadera resistencia se construye en la calle, en la conversación cotidiana, en el mano a mano con el vecino y en la unidad de todos los sectores populares. No podemos quedarnos de brazos cruzados presenciando el despojo. Como nos enseñó Angelelli, es tiempo de decir la verdad con claridad, de defender la función social de la tierra y de sostener, con convicción y firmeza, que la Patria no se vende.
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