Desde hace mucho tiempo ya, la distancia entre el discurso del poder y la calle ha dejado de ser una grieta para convertirse en un verdadero abismo.
Mientras las billeteras virtuales titilan dos o tres veces al día exigiendo cobros y las tarjetas de crédito arden por haber financiado simplemente la compra del supermercado o la cuota del colegio, en el Palacio de Gobierno prefieren jugar con numerología histórica. Nos hablan en Cadena Nacional de tecnicismos, de debates de gabinete y de estadísticas acumuladas desde 1935, como si la urgencia de las familias argentinas fuera un cálculo de laboratorio.
Pero salgamos un segundo del Palacio y miremos los números de la calle. Hoy en Argentina hay 20 millones de personas endeudadas, de las cuales más de 6 millones ya entraron en situación de mora incobrable. No estamos hablando de créditos hipotecarios o de grandes inversiones productivas; estamos hablando del endeudamiento cotidiano para llegar a fin de mes.
El rasgo más dramático de esta coyuntura es a quiénes afecta con mayor saña: a los más jóvenes y a los sectores vulnerables. Entre los menores de 30 años, la morosidad ya alcanza cerca del 39%. En los distritos más postergados del conurbano o en las provincias del norte, la mora roza el 40%, alimentada por tasas de interés desreguladas y usurarias que aplican tanto bancos como plataformas digitales.
Frente a este escenario, la autoridad monetaria decide cruzarse de brazos. Se omite utilizar las herramientas legales disponibles: no se fijan topes a los cargos abusivos, no se establecen pisos de tasas para defender el ahorro, ni se encauza el crédito hacia las pymes, el comercio y la construcción, sectores que concentran millones de empleos y que sufren el cierre continuo de persianas y la pérdida masiva de puestos de trabajo.
La prioridad parecería ser otra: consolidar la desregulación, blindar un esquema financiero a medida del capital concentrado y dejar un andamiaje institucional rígido que condicione a cualquier administración futura. Se argumenta la búsqueda de «independencia» del Banco Central, mientras se pasan por alto las recurrentes transferencias de utilidades hacia las arcas del Tesoro para cubrir agujeros fiscales.
Las familias no comen teorías ni se desendeudan con gráficos abstractos. La paciencia social se agota cuando las respuestas oficiales se desconectan por completo de las angustias diarias de la población. Gobernar implica hacerse cargo de lo urgente: regular el abuso, proteger el bolsillo de la gente y evitar que la economía cotidiana termine sofocada por la especulación financiera.
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