Hay verdades que el tiempo no logra borrar, pero que la burocracia judicial se encarga de archivar. Lo ocurrido en las últimas horas en los tribunales de Comodoro Py no es una sorpresa, pero sí una confirmación descarada de cómo funciona la justicia en la Argentina cuando las reglas se miden con la doble vara de siempre.
La Cámara Federal de Casación Penal dispuso el cierre y archivo de la causa que investigaba las irregularidades en la toma de la deuda por 57.100 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional durante la gestión de Mauricio Macri, junto a la posterior fuga de capitales. Firmaron la resolución los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, tras el desistimiento del fiscal Raúl Pleé. Nombres y apellidos que no son ajenos a la crónica política ni a las célebres visitas a la Quinta de Olivos.
¿El argumento? Que la mayor operación de endeudamiento en la historia del organismo —efectuada sin dictámenes técnicos del Banco Central, sin aprobación del Congreso y con un perjuicio calculado por la SIGEN en más de 29.000 millones de dólares— constituye una mera «decisión de política económica no judicializable».
Qué paradoja. Qué prodigio de la flexibilidad jurídica.
Porque cuando los acusados pertenecen al peronismo o al campo popular, las decisiones de política económica dejan de ser tales para transformarse, casi mágicamente, en «asociaciones ilícitas» o «administración fraudulenta». Cuando se trata del peronismo, el fuero federal despliega una hiperactividad envidiable: reabre causas archivadas, acelera juicios orales, habilita querellas a particulares y llena portadas de diarios a la velocidad de la luz. Ahí no hay margen para el beneficio de la duda ni para la «no judicialización».
En cambio, cuando los investigados son Mauricio Macri o los actuales funcionarios del gobierno de La Libertad Avanza —como Luis Caputo, Federico Sturzenegger o Santiago Bausili, reciclados hoy en la función pública—, la balanza de la justicia se vuelve cómplice y ligera. La querella estatal se retira, los fiscales desisten de apelar y los expedientes se cierran a toda prisa, mientras se sanciona e intimida a quienes intentan mantener viva la acusación.
A esta altura, el dispositivo mediático-judicial ni siquiera disimula. Funciona como un mecanismo de relojería perfecto: blindaje absoluto para los propios y persecución implacable para los adversarios. Mientras se decreta la impunidad para la deuda más aplastante que recuerde la historia reciente, se desempolvan a las apuradas nuevos frentes judiciales para acorralar a la oposición.
La justicia independiente no es esto. Esto es la consagración de la impunidad selectiva. Una democracia no se sostiene cuando la ley se aplica según el color del carnet político.
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