Hay momentos en la historia argentina en los que conviene detenerse y mirar quiénes ganan y quiénes pierden detrás de los grandes discursos. Porque mientras nos hablan de modernización, inversiones, competitividad y apertura al mundo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién se queda con la riqueza que produce el país?
Hoy Argentina atraviesa uno de esos momentos.
El gobierno presenta al RIGI y al llamado «super RIGI» como la llave del desarrollo. Nos prometen una lluvia de dólares, exportaciones récord y un futuro de prosperidad. Pero detrás de esa promesa aparece un modelo que ya conocemos. Un modelo que convierte nuestros recursos naturales en negocios extraordinarios para grandes corporaciones mientras deja muy poco para las comunidades, para las provincias y para las futuras generaciones.
No se trata de estar en contra de la minería, del petróleo, del gas o de las exportaciones. Argentina necesita producir y exportar más. El problema es bajo qué condiciones.
El RIGI entrega beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros inéditos durante décadas. Garantiza estabilidad para los grandes inversores, pero no garantiza empleo local, desarrollo industrial ni transferencia tecnológica. Es decir, asegura ganancias privadas, pero no asegura beneficios colectivos.
La historia económica argentina está llena de ejemplos similares. Cada vez que se aplicó una lógica de apertura irrestricta y privilegios para los grandes grupos económicos, el resultado fue el mismo: concentración de riqueza, destrucción de sectores productivos nacionales, aumento de la dependencia externa y endeudamiento.
Nos dicen que las exportaciones crecerán. Probablemente sea cierto.
Nos dicen que ingresarán inversiones. También puede ser cierto.
Pero la verdadera pregunta es si ese crecimiento llegará a las familias trabajadoras, a las pequeñas empresas, a los comercios y a las economías regionales.
Los datos muestran otra realidad. Mientras algunos sectores vinculados a la minería, la energía y las finanzas multiplican sus ganancias, miles de empresas cierran sus puertas, cae el consumo, aumenta el desempleo y cada vez más argentinos se endeudan para llegar a fin de mes.
El famoso «derrame» vuelve a aparecer como una promesa. Primero ganan los grandes grupos económicos y después, algún día, supuestamente llegará el beneficio al resto de la sociedad.
Pero Argentina lleva décadas esperando ese derrame.
Nunca llega.
Porque cuando la riqueza se concentra, no se distribuye sola. Cuando el Estado renuncia a regular, a cobrar impuestos adecuados y a defender la producción nacional, los beneficios quedan en pocas manos.
Y hay otro aspecto aún más preocupante: la deuda.
Mientras ingresan dólares por exportaciones o por financiamiento externo, también crecen los compromisos que deberán afrontar los próximos gobiernos. La experiencia argentina demuestra que muchas veces los dólares que entran terminan saliendo rápidamente por fuga de capitales, mientras las obligaciones quedan para las generaciones futuras.
Por eso el debate sobre el RIGI no es técnico. Es profundamente político.
Se trata de decidir si queremos un país que exporte materias primas y dependa cada vez más de los mercados internacionales, o una nación que utilice esos recursos para construir industria, empleo de calidad, ciencia, tecnología y desarrollo federal.
La Argentina necesita inversiones. Pero necesita, sobre todo, un proyecto nacional.
Porque cuando los recursos son argentinos, el beneficio también debería ser argentino.
Y cuando las ganancias quedan para unos pocos mientras las deudas las pagan millones, eso no es desarrollo.
Eso es saqueo con respaldo legal.
Y la factura, como tantas veces en nuestra historia, la terminarán pagando nuestros hijos y nuestros nietos.
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