Hoy La Rioja fue testigo de un hecho concreto que trasciende el acto protocolar: la entrega de 206 viviendas finalizadas con fondos provinciales por parte del gobernador Ricardo Quintela. No se trata solo de casas; se trata de hogares, de derechos cumplidos, de familias que dejan atrás la incertidumbre del alquiler o la precariedad. En un contexto nacional adverso, esta decisión política marca una diferencia clara y profunda.
La vivienda es uno de los pilares básicos de la dignidad humana. Y cuando el mercado no alcanza, cuando los ingresos no acompañan y cuando la realidad golpea más fuerte a los sectores populares, es el Estado el que debe estar presente. La política habitacional que impulsa el gobierno provincial no es un gasto: es una inversión social, una apuesta al arraigo, al trabajo local y a la igualdad de oportunidades.
Este hecho no está aislado. Se inscribe en una mirada más amplia de gestión que entiende que un Estado activo es una herramienta de equilibrio social. Lo vemos también en los subsidios al transporte público, que permiten que miles de trabajadores, estudiantes y jubilados puedan trasladarse a precios accesibles. Lo vemos en el acompañamiento al costo de la energía eléctrica, un servicio esencial que no puede convertirse en un privilegio solo para quienes pueden pagarlo.
Estas políticas no buscan beneficios electorales inmediatos; buscan sostener el tejido social en tiempos difíciles. Buscan que el ajuste no recaiga, una vez más, sobre los que menos tienen. Buscan que la crisis no se traduzca en exclusión.
En contraposición, el gobierno nacional avanza con una política de recorte del gasto público, con una mirada centralista que desconoce las realidades del interior profundo. La eliminación de fondos extra coparticipables, la paralización de la obra pública y la falta de asistencia a provincias como La Rioja generan un impacto directo en la vida cotidiana de la gente. No son números en una planilla: son rutas que no se reparan, viviendas que no se construyen, servicios que se encarecen.
Cuando el Estado nacional se retira, alguien ocupa ese lugar. Y casi nunca es el bienestar común. El ajuste lineal, aplicado sin contemplar asimetrías, profundiza desigualdades históricas entre el centro y las provincias. La Rioja, como muchas otras, necesita herramientas para desarrollarse, no obstáculos que frenen su crecimiento.
El debate de fondo es claro: ¿qué modelo de país queremos? Uno donde el Estado se desentiende y deja librados a su suerte a los sectores vulnerables, o uno donde el Estado acompaña, equilibra y protege. La experiencia demuestra que cuando hay un Estado presente, quienes más se benefician son los que menos tienen: familias trabajadoras, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad.
La entrega de estas 206 viviendas es un mensaje político y social. Dice que, aun con recursos limitados, hay decisiones que priorizan a la gente. Dice que gobernar también es resistir desde las provincias, defendiendo derechos y sosteniendo políticas públicas que incluyen.
En tiempos de discursos que demonizan al Estado, vale la pena mirar la realidad concreta. Porque detrás de cada política pública hay rostros, historias y futuros en juego. Y porque un Estado presente no es un problema: es parte de la solución.
About The Author
