Hay algo que empieza a resultar imposible de ignorar en la Argentina de Javier Milei: mientras el Gobierno construyó su identidad política denunciando a “la casta”, prometiendo terminar con los privilegios y haciendo de la lucha contra la corrupción una de sus principales banderas, los escándalos y las denuncias se acumulan alrededor del poder.
La última historia llega desde Bolivia y tiene como protagonista a Fernando Cerimedo, un hombre que estuvo estrechamente vinculado a Javier Milei durante su ascenso político. Su expareja, Nadia Beller, después de sobrevivir a un ataque a tiros, realizó graves acusaciones contra Cerimedo y habló de supuestos negociados, dinero en efectivo y una estructura de poder. Son denuncias gravísimas que deberán ser investigadas por la Justicia y que, por ahora, no pueden presentarse como hechos probados.
Pero el problema político no termina en Cerimedo.
Desde el comienzo de la gestión de Milei aparecieron cuestionamientos sobre contrataciones, manejo de organismos públicos, financiamiento político, vínculos entre empresarios y funcionarios y, posteriormente, denuncias de corrupción que involucraron a personas cercanas al Gobierno. En 2025, por ejemplo, estalló el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad y las presuntas coimas vinculadas a medicamentos. En 2026 también surgieron nuevas denuncias relacionadas con créditos otorgados por la banca pública a personas vinculadas al poder.
Entonces la pregunta es inevitable:
¿Dónde quedó aquella promesa de terminar con la corrupción?
Porque mientras se habla de déficit cero, motosierra y sacrificio, hay otra motosierra que cayó sobre las provincias.
Y ahí La Rioja conoce perfectamente la historia.
La provincia perdió un punto de coparticipación en 1988, cuando se estableció el actual régimen de distribución federal. Desde entonces, el Estado nacional compensó esa pérdida mediante fondos extracoparticipables que fueron incorporándose año tras año a las leyes de presupuesto.
Pero desde la llegada de Milei esos recursos dejaron de llegar con normalidad. La Rioja reclama ante la Nación una deuda que ya supera cifras enormes y sostiene que el Gobierno nacional desconoce una obligación que históricamente fue reconocida. Para 2026, incluso, distintas estimaciones ubicaron el equivalente de ese punto de coparticipación en alrededor de 620.000 millones de pesos.
Esto no es solamente una discusión contable.
Es federalismo.
Porque una Nación puede ordenar sus cuentas, pero no puede hacerlo trasladando todo el costo a las provincias. Puede reclamar austeridad, pero no puede utilizar los recursos nacionales como mecanismo de disciplinamiento político.
Y mientras las provincias reclaman recursos, las universidades reclaman financiamiento, los trabajadores reclaman salarios y las familias se endeudan cada vez más para llegar a fin de mes. La morosidad de los hogares se multiplicó desde fines de 2023 y alcanzó niveles muy superiores a los de aquel momento.
Entonces, quizás haya que volver a la pregunta original.
Si la promesa era terminar con la casta, ¿por qué la corrupción sigue apareciendo alrededor del poder?
Si la promesa era transparencia, ¿por qué tantas denuncias terminan exigiendo explicaciones?
Y si la promesa era reconstruir la Argentina, ¿por qué para hacerlo hay que asfixiar financieramente a las provincias?
La Rioja no está pidiendo un privilegio.
Está reclamando lo que considera un derecho histórico: que se reconozca aquel punto de coparticipación perdido en los años 80 y que se cumplan los compromisos financieros con la provincia.
Porque el federalismo no puede existir solamente cuando llegan las elecciones.
Y la lucha contra la corrupción tampoco puede ser una consigna para los adversarios y una excepción para los propios.
La motosierra puede cortar gastos.
Pero no puede cortar la memoria.
Y mucho menos puede cortar el derecho de las provincias a reclamar lo que les corresponde.
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