Docentes de Apoyo a la Inclusión (DAI) se manifestaron ante la obra social provincial APOS para exigir la regularización en el pago de sus prestaciones y denunciar trabas burocráticas que perjudican la atención de estudiantes con discapacidad. Erika Soria, vocera del sector, detalló la compleja situación del colectivo y confirmó el inicio de mesas de diálogo con las autoridades.
Principales reclamos del sector
- Atrasos en el cobro: Las prestaciones registran demoras de varios meses. Recientemente se concretaron pagos correspondientes a mayo y junio.
- Brecha con el nomenclador nacional: APOS abona $320.000, valor que ascenderá a $400.000 a partir de septiembre. La cifra dista del parámetro nacional, ubicado cerca de los $489.000.
- Condiciones de liquidación: Se liquidan estrictamente los días y horas trabajados, descontando feriados y periodos de receso escolar. En julio, por ejemplo, solo se liquidan 9 días.
- Retenciones y costos operativos: Se aplican retenciones del 1% o superiores, mientras los profesionales deben costear el transporte y el material didáctico.
- Burocracia en expedientes: Los plazos de presentación son acotados. Si un estudiante obtiene su diagnóstico después de julio, no puede acceder a la prestación durante el resto del ciclo lectivo.
Mesas de trabajo y diálogo con la obra social
Tras las jornadas de protesta, representantes del colectivo mantuvieron un encuentro con la administradora de APOS, Lic. Claudia Ortiz. En la reunión se acordó conformar mesas de trabajo para revisar las exigencias administrativas, coordinar con la modalidad de Educación Especial y participar en la elaboración del instructivo para el próximo ciclo lectivo.
Los profesionales esperan la convocatoria formal para equiparar los aranceles y agilizar los trámites, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica de los niños y jóvenes afiliados a la obra social provincial.
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