La familia de César Domingo Núñez, fallecido en un siniestro vial ocurrido el pasado 6 de diciembre, denunció públicamente una serie de irregularidades institucionales en el tratamiento judicial de la causa, que —según sostienen— vulneran de manera directa los derechos de las víctimas reconocidos por la ley y la Constitución Provincial.
El hecho tuvo lugar cerca de las 22 horas, en avenida Mártires de la Dictadura, a la altura del monumento al Chacho, frente a la terminal de ómnibus. En ese contexto y durante un temporal, una camioneta Peugeot Partner, que circulaba a alta velocidad y era conducida por Diego Peralta, embistió desde atrás a una bicicleta en la que se desplazaba Núñez, quien murió en el acto. El vehículo pertenecería a un hombre de apellido Tarnovski, según se indicó.
Desde entonces, la esposa, hijas y familiares de la víctima afrontan el dolor de una pérdida irreparable y decidieron confiar en la Justicia, constituyéndose formalmente como parte en el proceso penal. Sin embargo, de acuerdo con lo denunciado por su representación legal, esa confianza se habría visto seriamente afectada.
La excarcelación, en feria y sin notificación a las víctimas
El 13 de enero, en plena feria judicial, la familia fue admitida como querellante particular. Días después, la defensa del imputado solicitó la excarcelación, un recurso que no fue cuestionado en sí mismo, sino por la forma en que se tramitó.
Según se explicó, el pedido fue girado al Ministerio Público Fiscal, que dictaminó a favor, y posteriormente la jueza Johana Córdoba resolvió otorgar la libertad al acusado. Todo el procedimiento se concretó el 20 de enero, sin que las víctimas fueran notificadas, convocadas ni informadas del alcance de la decisión.
La familia recién tomó conocimiento de la excarcelación de manera casual, el 2 de febrero, cuando se reanudó la actividad judicial tras la feria, es decir, dos semanas después de que el imputado recuperara la libertad.
Acusan violación de la Ley de Víctimas y de la Constitución Provincial
La denuncia apunta directamente al accionar del fiscal interviniente y del juzgado, señalando que se ignoró la Ley de Víctimas, que establece el derecho de las personas afectadas a ser informadas, escuchadas y protegidas durante todo el proceso.
Entre los puntos señalados, se destaca que:
No se notificó a la familia sobre la excarcelación.
No se solicitaron ni dictaron medidas de protección específicas a favor de las víctimas.
No se mencionó a la familia Núñez en la resolución judicial.
Se dictaron únicamente medidas cautelares genéricas para el imputado, sin referencia alguna a las personas damnificadas.
Desde la querella se sostiene que estas omisiones constituyen una violación a la Constitución Provincial recientemente reformada, que reconoce a la víctima un rol real y efectivo en el proceso judicial.
Presentaron un amparo ante el Tribunal Superior de Justicia
Ante esta situación, la familia Núñez presentó una acción de amparo ante el Tribunal Superior de Justicia, solicitando que se declare la nulidad de la resolución cuestionada, se restablezca el orden jurídico alterado y se garantice el respeto a los derechos de las víctimas.
“Las víctimas no solo tuvieron que afrontar la pérdida irreparable, sino que ahora se ven obligadas a luchar contra el sistema”, expresaron, remarcando que no piden privilegios ni excepciones, sino la correcta aplicación de la ley.
La expectativa está puesta en que el máximo tribunal provincial trate el amparo con la misma celeridad con la que resolvió otros planteos similares durante la feria judicial, y que la familia pueda finalmente ser escuchada y respetada en el proceso.
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