Cada vez que la oposición o las opciones populares crecen en las encuestas, la maquinaria no falla: la prensa afín y un sector de la justicia salen al rescate. El blanco preferido vuelve a ser la emblemática y desgastada causa Hotesur – Los Sauces. Pero conviene hacer memoria y revisar los hechos con rigor para entender qué hay detrás de este engranaje.
La historia comenzó formalmente a tomar impulso en 2017, cuando los fiscales pidieron la indagatoria de Cristina Fernández y sus hijos por el alquiler de plazas hoteleras. La acusación sostenía que esos pagos eran retribuciones indebidas. Sin embargo, la propia defensa y los registros contables demostraron desde el primer día que se trataba de operaciones bancarizadas, con pago de impuestos y a precios de mercado habituales —alrededor de 130 dólares la noche—. Nada que ver con sociedades de papel en paraísos fiscales ni bolsos ocultos.
El punto de inflexión ocurrió en 2021. El Tribunal Oral Federal #5 dictó el sobreseimiento definitivo de todos los imputados. Por dos votos a uno, los jueces determinaron de forma contundente que no existía delito precedente para configurar el supuesto lavado de dinero: la obra pública no tenía condena firme en ese momento que justificara el origen ilícito, los alquileres eran transparentes y no había elemento alguno para sostener una asociación ilícita.
Sin embargo, en Comodoro Py los sobreseimientos a la dirigencia kirchnerista duran poco. En septiembre de 2023, la Cámara de Casación resolvió anular aquel sobreseimiento y ordenó realizar el juicio oral, reabriendo un expediente donde la materia de debate ya había sido saldada técnicamente.
Aquí es donde la doble vara del sistema judicial argentino se vuelve obscena. Mientras se escudriña al milímetro cada factura bancarizada y cada contrato comercial de la ex vicepresidenta y su familia, las causas que involucran al poder real y a las figuras del ecosistema macri-mileísta duermen el sueño de los justos o son archivadas con una velocidad asombrosa.
¿Dónde quedó la celeridad judicial para investigar las empresas offshore en guaridas fiscales reveladas en los Panamá Papers, las deudas millonarias del Correo Argentino, o el endeudamiento vertiginoso con el Fondo Monetario Internacional durante la gestión de Mauricio Macri? ¿Dónde está el rigor de los tribunales ante los severos conflictos de intereses, las desregulaciones a medida y los oscuros esquemas de financiamiento que salpican a las filas del actual oficialismo de Milei y a sus aliados corporativos?
Nadie pide impunidad ni defiende lo indefendible cuando han existido delitos probados de corrupción. Pero lo de Hotesur y Los Sauces deja al descubierto una asimetría feroz: un Poder Judicial que funciona como un brazo político para perseguir a unos y garantizar una blindada impunidad a otros. Cuando la ley se aplica según la ficha de afiliación o la cercanía con el poder económico, lo que se erosiona no es a un dirigente político: es la credibilidad misma de la democracia.
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