La Dra. Soledad Varas, abogada patrocinante de los dos jóvenes detenidos, desmintió que hayan limpiado la escena o existan contradicciones en las declaraciones. Criticó que la acusación es «prematura y fruto de especulaciones».
El contexto: Agonía, ablación y conmoción social
El hecho que conmociona a la provincia comenzó semanas atrás durante una reunión social en una vivienda particular. Ilda Goyochea se encontraba compartiendo una noche junto a dos amigos de la infancia, escuchando música, conversando y consumiendo bebidas, cuando sufrió una repentina caída que le provocó un grave traumatismo.
Tras el accidente, la joven fue trasladada de urgencia al hospital (ERI), donde permaneció internada en estado crítico durante varios días. Tras confirmarse su irreversible deceso, la familia de Ilda tomó la dolorosa y generosa decisión de autorizar la donación de sus órganos.
A la par del dolor familiar, el caso comenzó a cubrirse de especulaciones y versiones contrapuestas en redes sociales y la opinión pública, derivando en la intervención de oficio de la policía y la posterior detención de los dos jóvenes que se encontraban con ella esa noche, bajo la carátula inicial de tentativa de homicidio (la cual, tras el fallecimiento, mutaría hacia homicidio simple o calificado).
Las declaraciones de la abogada defensora
En declaraciones radiales, la Dra. Soledad Varas, defensora técnica de los dos imputados, cuestionó fuertemente el rumbo judicial de la causa y la privación de la libertad de sus representados, argumentando que se trató de un evento fortuito y trágico.
«Se centró una duda inexplicable sobre esta situación. Ellos estuvieron una noche, fueron tres, tomando bebidas, charlando y escuchando música, donde ocurre este accidente, esta situación fortuita, inesperada e impensada. Una duda que ni siquiera es razonable llevó a una calificación tan grave como la tentativa de homicidio. Ha sido una acusación altamente prematura y un adelantamiento sobre hechos que demostraban haber sido un accidente a todas luces», aseveró Varas.
La letrada explicó que, en términos procesales y bajo la feria judicial, ante un hecho de esta naturaleza la investigación debió iniciarse bajo la figura de «averiguación de causa de muerte», respetando el principio constitucional de presunción de inocencia y el derecho a la libertad de los involucrados mientras se recolectan las pruebas.
Desmintiendo versiones: Ni limpieza de la escena ni contradicciones
La Dra. Varas salió al cruce de los trascendidos y rumores que circularon en torno al comportamiento de los jóvenes tras el incidente:
- Sobre la supuesta limpieza del lugar del hecho: Desmintió categóricamente que hayan intentado alterar o limpiar la escena antes de llevar a la joven al centro médico. «Tampoco tiene ningún sentido limpiar la escena con tremenda herida. Tienen ellos todos manchados de sangre, el vehículo manchado de sangre, la vereda manchada de sangre. Limpiar la escena es innecesariamente una especulación que no corresponde y que no ha sido así», remarcó.
- Sobre supuestas contradicciones: Negó que existan fisuras en las declaraciones de sus asistidos. «No hay contradicciones porque el hecho es claro. Son amigos de la infancia, se reunieron. No había móvil, no había motivos de agresión o violencia. ¿Por qué o para qué? Estaban en la casa de ellos», sostuvo.
- Inmediatez del auxilio: Aseguró que una vez que se produjo la caída, los jóvenes trasladaron a Ilda de forma inmediata para que recibiera atención médica.
Situación procesal de los detenidos
A la fecha, las dos personas llevan más de 10 días detenidos. Debido a la gravedad de la calificación penal imputada preliminarmente, no han podido acceder a beneficios de excarcelación.
La defensora detalló que no existen testigos presenciales directos del hecho y que las únicas actuaciones en la causa corresponden a las declaraciones de los médicos intervinientes en la cirugía y averiguaciones vecinales por parte de la policía.
La defensa confía en que, una vez que el sumario policial completo sea girado al juzgado de instrucción y analizado detenidamente por la jueza a cargo, se disponga un cambio en la calificación legal de la causa, requisito fundamental para que los jóvenes puedan recuperar la libertad.
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