Un grupo de 21 extrabajadores de una planta procesadora de Sanagasta se manifestó este martes en reclamo de salarios adeudados, indemnizaciones y el reconocimiento de años de trabajo en negro, mientras se desarrollaba la segunda audiencia de conciliación con el empresario. La instancia terminó sin acuerdo y las abogadas de los trabajadores anunciaron que iniciarán acciones laborales, civiles y penales.
«Se cierra la fábrica definitivamente»
Según relataron las trabajadoras, el martes 6 de octubre se presentaron a trabajar y el empresario les comunicó el cierre definitivo de la planta, alegando que no podía sostenerla ni pagar los sueldos. «Se burló de nosotros, nos usó», afirmó una de ellas, quien aseguró que trabajaron hasta el final y entregaron la mercadería, que luego fue vendida sin que se les pagara.
Los trabajadores aseguraron que no estaban registrados, que no contaban con seguro de vida ni aportes y que desarrollaban sus tareas en condiciones insalubres: sin baño, sin guantes y sin acondicionamiento térmico. La antigüedad de los empleados va de 11 a más de 15 años; una de las entrevistadas indicó que trabajó 12 años en el lugar.
La propuesta, «no llega»
De acuerdo con los empleados, la oferta patronal consistía en seis cuotas de 500.000 pesos. Una de las trabajadoras señaló que se le adeuda el sueldo de febrero y todo lo transcurrido del año, y que el monto propuesto, unos 3 millones de pesos, no alcanza siquiera su remuneración. Indicaron además que cobraban 500.000 pesos mensuales, cuando según sus cálculos les correspondían más de 900.000 en 2024, 1.500.000 en 2025 y 1.700.000 en 2026. La maquinaria de la planta, afirmaron, está resguardada en manos de una escribana.
La postura de las abogadas
La abogada Ivana Cattaneo, que representa a los trabajadores junto a la doctora Rocío Arias, explicó que no hubo acuerdo porque los empleados no aceptan que las liquidaciones se hagan conforme al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que prevé una indemnización reducida en casos de falta de trabajo o fuerza mayor. El empresario invoca una situación de crisis que, según la letrada, no existe: dijo haber analizado los estados contables del empresario y de la firma y concluyó que no se encuentra en procedimiento de crisis, además de que posee vehículos a su nombre.
Cattaneo relató que, tras ofrecer dinero en un primer momento y luego discutir montos salariales adeudados, no se logró siquiera acordar un pago a cuenta, ya que el empresario sostuvo que debía vender vehículos y otros bienes para disponer de fondos. Por eso se articularán medidas cautelares y las acciones judiciales correspondientes, incluidas indemnizaciones civiles por violencia de género para las mujeres afectadas. También planteó la necesidad de un subsidio extraordinario para familias en situación de extrema vulnerabilidad, algunas con el servicio de luz cortado, y recordó que los trabajadores no cuentan con seguro de desempleo por no haber estado registrados.
El respaldo del municipio
El intendente de Sanagasta, Luis Arnaldo «Pichón» Flores, acompañó a los extrabajadores y aseguró que se trata de la cuarta empresa que cierra en el departamento, situación que atribuyó a las políticas del gobierno nacional. Anunció que trabaja junto al diputado Federico Sbiroli y que mañana tendrá una audiencia con el Secretario de la Gobernación Ricardo Herrera, y señaló que el gobierno provincial, encabezado por Ricardo Quintela, está al tanto y brindará acompañamiento. «Son horas críticas, hay burocracia, pero va a estar presente el gobierno provincial», sostuvo.
Reclamo al gobernador
Los trabajadores pidieron el apoyo del gobernador y de las autoridades, y reclamaron que se exija al empresario, a quien señalaron como funcionario y miembro de La Cámpora, una solución. Advirtieron que, si no hay acuerdo, se movilizarán a Casa de Gobierno. «Esto no puede quedar así, que el gobernador nos escuche», expresaron.
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