Finalmente, Manuel Adorni y su equipo de abogados presentaron la declaración jurada que le exige la justicia en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito. El origen de este camino cuesta abajo institucional comenzó a fines de abril de este año, cuando el funcionario aseguró ante el Congreso que no había ocultado nada, que sus bienes estaban debidamente declarados. Pero los datos duros, como siempre, terminaron desmintiendo el relato oficial.
Ahora, tras recibir un severo pedido de aclaración de 20 puntos por parte de la fiscalía, la justificación central del funcionario resulta, por decirlo suavemente, insólita. Adorni apela a supuestas operaciones con billeteras virtuales y criptomonedas realizadas entre 2014 y 2018, argumentando que de allí obtuvo cerca de 600.000 dólares. ¿Su prueba principal? Claves privadas para certificar que el dinero salió de ahí.
Pero lo más curioso, lo que roza lo grotesco y parece sacado de una broma de mal gusto, es la explicación sobre cómo manejaron esa fortuna oculta. Textualmente, la defensa sostiene que se trató de una «decisión personal y patrimonial que no ofende el orden, ni la moral pública, ni perjudica el derecho de tercero alguno». En criollo: guardaron la plata y vivieron como si no la tuvieran, privilegiando el ahorro por sobre el consumo, con la mira puesta en la educación de sus hijos y su jubilación. Tuvieron los fondos en la ilegalidad con ese supuesto fin noble, y ahora pretenden que lo veamos como un acto de prudencia patriótica.
A esto se suman las contorsiones argumentales sobre la compra de sus viviendas, los cambios de domicilio justificados por supuestos altercados públicos, y la necesidad de una casa de fin de semana en el barrio Indiocaua para que los niños disfruten del aire libre. Sin embargo, los números siguen sin cerrar. Quedan oscuridades inocultables: los miles de dólares de diferencia con el contratista Tobar y los más de 43 millones de pesos en gastos familiares detectados por los investigadores que superan ampliamente lo declarado.
La gran duda de fondo no es solo si estamos ante un enriquecimiento ilícito tradicional, sino frente a un funcionario que eligió mantener sumas millonarias en la clandestinidad fiscal y que, al momento de adquirir bienes, recurrió directamente a la plata negra. La respuesta del oficialismo ya la conocemos de memoria: culpar al Estado, a los kircheneristas y victimizar al evasor bajo el dogma de que eludir impuestos es casi una gesta heroica.
Ahora bien, si me preguntan si tengo alguna expectativa sobre cómo terminará este expediente judicial, la respuesta es categórica: ninguna. La realidad histórica nos demuestra que la justicia federal argentina rara vez se atreve a avanzar contra los verdaderos poderosos. Y hoy el poderoso de turno es Javier Milei, un mandatario que sostiene políticamente a Adorni y que justifica sistemáticamente la evasión porque, en su visión del mundo, los evasores son una suerte de héroes modernos. Y también, la ultraderecha es poderosa, y como siempre los poderosos económicamente.
Si la justicia funcionara con independencia en este país, Adorni hoy estaría respondiendo penalmente ante los tribunales y no redactando defensas de ciencia ficción desde la comodidad de su hogar. Pero en la Argentina del poder concentrado, la vara es siempre elástica, y la impunidad, lamentablemente, sigue gozando de buena salud.
About The Author
