Un nuevo estudio del Instituto Watson de la Universidad Brown sostiene que la inmensa mayoría de las víctimas no cayó en combate, sino por hambre, enfermedades y el colapso de los servicios básicos provocado por las guerras en Afganistán, Irak, Siria, Yemen y otros países
Un informe elaborado por la antropóloga Stephanie Savell, codirectora del proyecto Costs of War del Instituto Watson de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad Brown, estima que el número total de muertes en las zonas de guerra posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001 podría ascender a entre 4,5 y 4,7 millones de personas. El dato más contundente del trabajo, titulado «How Death Outlives War» («Cómo la muerte sobrevive a la guerra»), es que la mayor parte de esas muertes —entre 3,6 y 3,8 millones— no fueron causadas directamente por la violencia armada, sino por sus efectos indirectos: el hambre, las enfermedades prevenibles, la destrucción de hospitales y sistemas de agua potable, la contaminación ambiental y la violencia que se reproduce puertas adentro de los hogares.
Una guerra que no termina cuando terminan los combates
El informe abarca los conflictos librados por Estados Unidos en nombre de la lucha contra el terrorismo desde 2001, con foco en Afganistán, Pakistán, Irak, Siria, Yemen, Libia y Somalia. Según explica la autora, aunque Washington retiró sus tropas de Afganistán en 2021 dando por finalizada oficialmente una guerra de veinte años, hoy la población afgana muere por causas relacionadas con esa guerra a un ritmo mayor que en cualquier otro momento del conflicto.
El trabajo no busca establecer responsabilidades exclusivas entre los distintos bandos ni aislar cada factor que agrava la crisis —desde gobiernos autoritarios hasta el cambio climático—, sino mostrar de qué manera los conflictos posteriores al 11-S están detrás de múltiples formas de muerte que rara vez se contabilizan como «bajas de guerra».
Para dimensionar el problema, el estudio recurre a dos indicadores. El primero es esa cifra total de entre 4,5 y 4,7 millones de muertos. El segundo es el estado nutricional de la infancia en las zonas de guerra: actualmente 7,6 millones de niños y niñas menores de cinco años padecen desnutrición aguda (conocida como «wasting») en Afganistán, Irak, Somalia, Siria y Yemen.
Muertes «indirectas»: el verdadero costo humano de la guerra
El concepto central del informe es el de «muerte indirecta»: aquella que no ocurre por una bala o una bomba, sino por el deterioro de las condiciones económicas, sociales, psicológicas y sanitarias que provoca la guerra. Savell recuerda que este patrón no es nuevo: en la Guerra de Corea de la década de 1950 murieron entre cinco y seis millones de personas, pero solo entre un 15% y un 20% por causas violentas; el resto, por hambre y otras consecuencias del conflicto. Algo similar ocurrió en la República Democrática del Congo entre 1999 y 2003, donde apenas el 10% de los tres millones de muertes registradas se debió a la violencia directa.
El informe explica que calcular estas muertes indirectas es extremadamente difícil, ya que muchas veces ocurren lejos del frente de batalla, meses o años después de que la guerra interrumpiera el acceso a alimentos, agua o atención médica. A esto se suma que en países como Afganistán o Irak los sistemas de registro civil son deficientes o inexistentes, lo que impide comparar la mortalidad de antes y después del conflicto.
Ante esta dificultad, los investigadores del proyecto Costs of War recurrieron a una fórmula ya utilizada en estudios previos: aplicar una proporción de cuatro muertes indirectas por cada muerte directa, un promedio conservador validado por un estudio de 2008 de la Secretaría de la Declaración de Ginebra. Aplicando ese coeficiente a la cifra de entre 905.000 y 940.000 muertos directos calculada por Costs of War, se llega a la estimación de 3,6 a 3,8 millones de muertes indirectas.
Cuatro caminos hacia la muerte
El informe identifica cuatro grandes «cadenas causales» que explican cómo la guerra termina matando mucho después —y mucho más lejos— de donde se libran los combates.
1. Colapso económico e inseguridad alimentaria. La pobreza generada por la guerra impide a las familias acceder a alimentos, agua potable y atención médica. En Afganistán, el 95% de la población no llega a cubrir sus necesidades alimentarias básicas, cifra que llega al 100% en los hogares encabezados por mujeres. Se estima que 18,9 millones de personas —casi la mitad del país— sufrieron inseguridad alimentaria aguda en 2022, y que un millón de niños afganos corren riesgo de morir por desnutrición. El informe también documenta cómo los ataques con drones estadounidenses destruyeron fuentes de sustento en Yemen y Somalia, matando a jefes de familia que eran el principal sostén económico de sus hogares, y cómo restricciones antiterroristas de Estados Unidos llegaron a bloquear la ayuda humanitaria en Somalia, agravando la hambruna de 2011 que mató a más de 258.000 personas.
2. Destrucción de servicios públicos e infraestructura sanitaria. Hospitales bombardeados, sistemas de agua potable destruidos y rutas intransitables generan un efecto en cadena que se profundiza con el tiempo. En Siria, cada ataque a un centro de salud se correlacionó con un promedio de 260 víctimas civiles adicionales ese mismo mes. En Afganistán, tras la retirada estadounidense de 2021, más del 80% de los centros de salud del país quedaron sin funcionar al cortarse abruptamente el financiamiento extranjero. En Yemen, la destrucción de la infraestructura de agua y saneamiento fue uno de los factores centrales detrás de la epidemia de cólera de 2016-2018, que infectó a entre 7 y 14 millones de personas. En Irak, durante los años más duros de la ocupación, las muertes por accidentes de tránsito —producto del deterioro de calles y semáforos— llegaron a cuadruplicar a las causadas por atentados.
3. Contaminación ambiental. Bombas y municiones con sustancias tóxicas —metales pesados, fósforo blanco, uranio empobrecido— contaminaron suelo, agua y vegetación en las zonas de combate. En Irak, restos de uranio empobrecido usados por fuerzas estadounidenses y británicas se dispersaron en más de 1.000 sitios del país. Médicos locales reportan tasas inusualmente altas de cáncer, abortos espontáneos y malformaciones congénitas, aunque el informe aclara que establecer una relación causal definitiva sigue siendo objeto de controversia científica. Las municiones sin detonar, por su parte, siguen matando y mutilando años después de terminados los combates: solo en Afganistán, durante 2021 murieron cerca de 2.000 personas por esta causa, más del 79% de ellas niños.
4. Trauma y violencia reverberante. Vivir la guerra y el desplazamiento forzado deja secuelas profundas en la salud mental que pueden derivar en suicidios y en un aumento de la violencia doméstica y sexual. Según cifras citadas en el informe, la ansiedad y la depresión son entre dos y cuatro veces más frecuentes entre poblaciones afectadas por conflictos que en el promedio mundial. En Irak, una encuesta de 2009 —la primera y única de salud mental realizada en el país— mostró que el 17% de los adultos había sufrido algún trastorno mental a lo largo de su vida, en gran parte vinculado a la invasión de 2003.
El desplazamiento, un multiplicador de riesgos
El informe dedica un apartado especial al desplazamiento forzado, que desde 2001 afectó a un estimado de 38 millones de personas en las guerras posteriores al 11-S. Quienes se desplazan dentro de su propio país (desplazados internos) enfrentan una mortalidad significativamente mayor que quienes logran cruzar una frontera como refugiados, en parte porque estos últimos suelen tener más acceso a ayuda humanitaria organizada. El hacinamiento en campamentos, la falta de saneamiento y la pérdida de documentación agravan la vulnerabilidad de millones de familias, con las mujeres y los niños como los grupos más golpeados.
Mujeres y niños, los más afectados
Uno de los hallazgos centrales del informe es que, mientras los hombres tienen más probabilidades de morir en combate, son las mujeres y los niños quienes más sufren los efectos indirectos de la guerra. Los niños menores de cinco años concentran la mayor proporción de muertes indirectas, principalmente por desnutrición, enfermedades infecciosas y complicaciones neonatales. Las mujeres, por su parte, enfrentan un aumento de la violencia de género en contextos de guerra y una reducción del acceso a la salud reproductiva: en Yemen, una de cada 260 mujeres muere por causas vinculadas al embarazo o el parto.
La autora subraya además que estas cifras no deben leerse de manera aislada de otras formas de injusticia estructural: pobreza, racismo y legados coloniales ya elevaban de por sí el riesgo de muerte en muchas de estas poblaciones antes de que estallaran los conflictos.
Un llamado a la rendición de cuentas
El informe concluye que el verdadero costo humano de las guerras posteriores al 11-S es, en gran medida, invisible y subestimado, y reclama mayor investigación sobre casi todos los aspectos abordados —especialmente el impacto ambiental y los efectos en la salud mental—, además de sistemas de registro civil más confiables en las zonas de conflicto. Savell plantea que el objetivo del trabajo es generar conciencia sobre el alcance real de estas guerras y respaldar los reclamos para que Estados Unidos y otros gobiernos actúen para aliviar el sufrimiento que continúa hasta el día de hoy en los antiguos y actuales escenarios bélicos.
Fuente: Stephanie Savell, «How Death Outlives War: The Reverberating Impact of the Post-9/11 Wars on Human Health», Costs of War Project, Watson Institute for International & Public Affairs, Universidad Brown, 15 de mayo de 2023.
Aquí tenés la noticia redactada a partir de la transcripción del panel:
Un informe revela que las «guerras contra el terrorismo» post-11S provocaron entre 4,5 y 4,6 millones de muertos, en su mayoría por causas indirectas
Un panel de especialistas presentó un extenso informe del Costs of War Project, con sede en el Instituto Watson de la Universidad de Brown, que analiza por primera vez de manera integral las muertes indirectas causadas por los conflictos armados que Estados Unidos impulsó o intensificó tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
El evento fue organizado por dicho instituto y contó con la participación de la autora del estudio, la antropóloga Stephanie Savelle, codirectora del Costs of War Project, junto a dos investigadoras que aportaron testimonios de campo desde Irak y Yemen: la socióloga Aruba Ali al-Hassani, de la Universidad de Lancaster, y la abogada yemení Bunyan Jamal, de la organización de derechos humanos Mwatana. El encuentro fue moderado por Matt Duss, actualmente académico visitante del Carnegie Endowment for International Peace y ex asesor de política exterior del senador estadounidense Bernie Sanders.
Una cifra que multiplica por cuatro las muertes directas
Savelle explicó que, a diferencia de los reportes previos del proyecto —centrados en muertes directas por combate—, esta investigación aborda las llamadas «muertes indirectas»: aquellas causadas por la destrucción de infraestructura sanitaria, la contaminación ambiental, el colapso económico, el desplazamiento forzado y el trauma psicológico derivado de la violencia bélica.
Para estimarlas, la investigadora aplicó una proporción de cuatro muertes indirectas por cada muerte directa, ratio considerado conservador según un estudio de referencia del Geneva Declaration Secretariat de 2008. Partiendo de la cifra de entre 906.000 y 937.000 muertes directas ya documentadas por el proyecto en Afganistán, Irak, Pakistán, Siria, Yemen, Libia y Somalia, el cálculo arroja entre 3,6 y 3,7 millones de muertes indirectas adicionales. El total combinado se ubicaría entre 4,5 y 4,6 millones de personas.
Según precisó Savelle, las principales víctimas de estas muertes indirectas son niños menores de cinco años, mujeres y poblaciones rurales, mientras que los hombres continúan siendo el grupo más afectado por la violencia directa de combate. La investigadora citó datos de Naciones Unidas que indican que más de 7,6 millones de niños menores de cinco años padecen desnutrición aguda en Afganistán, Irak, Siria, Yemen y Somalia.
Afganistán, en emergencia humanitaria
El informe dedica especial atención a la situación actual de Afganistán, donde —según los datos presentados— el 95% de la población no accede a una alimentación suficiente, cifra que llega al 100% en los hogares encabezados por mujeres. Casi la mitad de la población afgana atravesó inseguridad alimentaria aguda durante el último año, con 3,9 millones de niños en estado de desnutrición y un millón de menores en riesgo de muerte. Solo durante los primeros tres meses de 2022, se estima que murió uno de cada diez recién nacidos en el país.
Savelle también describió una cadena de efectos que se agrava con el tiempo: hospitales bombardeados o inoperativos por falta de electricidad, personal médico desplazado, cadenas de suministro de medicamentos interrumpidas y, a mediano y largo plazo, aumento de la mortalidad materna e infantil y resurgimiento de enfermedades infecciosas.
La investigadora incluyó también el impacto de armamento con metales pesados, fósforo blanco y uranio empobrecido, vinculado —según médicos consultados en Irak— a un aumento inusual de abortos espontáneos, partos prematuros y malformaciones congénitas.
Irak: la disputa por el relato
La socióloga Aruba al-Hassani centró su intervención en lo que definió como «violencia epistémica»: la construcción de un relato orientalista y sectario sobre Irak desde 2003, que —sostuvo— presentó a la población iraquí como una sociedad pasiva sometida a sus propios gobernantes o, alternativamente, como intrínsecamente violenta.
Al-Hassani explicó que la sectarización de la política iraquí no fue un fenómeno espontáneo, sino resultado de decisiones de actores políticos locales y extranjeros, entre ellas la disolución del ejército iraquí tras la invasión estadounidense, que —según la investigadora— dejó fronteras desprotegidas y facilitó el ingreso de grupos como Al-Qaeda. Entre 2006 y 2009, una guerra civil de base sectaria dejó cientos de miles de muertos.
La investigadora recordó además el surgimiento de ISIS antes de 2014 y el genocidio contra la comunidad yazidí, remarcando que fueron las fuerzas iraquíes las que combatieron directamente al grupo terrorista, pese a que varios gobiernos extranjeros reivindicaron esa victoria para sí.
Sobre el plano judicial, Al-Hassani citó casos emblemáticos de impunidad: de los responsables de las torturas en la prisión de Abu Ghraib, solo una persona fue condenada, y cumplió cinco de los diez años de pena por «buena conducta». También mencionó la absolución de los soldados responsables de la violación y asesinato de una adolescente iraquí, y del personal de la empresa de seguridad privada Blackwater tras la muerte de al menos 20 civiles en una plaza de Bagdad en 2007. Recordó que, al no ser Estados Unidos signatario del Estatuto de Roma, no puede ser llevado ante la Corte Penal Internacional.
Además, la especialista relacionó la guerra con la aceleración del cambio climático en Irak: la desecación de los humedales del sur del país, el aumento de tormentas de arena y de casos de cáncer en la región de Basora, vinculados a la contaminación derivada de la actividad militar y petrolera.
En 2019, recordó, surgió en Irak el movimiento de protesta conocido como Tishreen (octubre), el mayor de la historia reciente del país, que reclamó el fin del sistema de cuotas étnico-sectarias, el fin de las injerencias extranjeras y la rendición de cuentas por la corrupción y la violencia. La represión del movimiento incluyó el uso de gases lacrimógenos disparados directamente contra manifestantes y desapariciones forzadas.
Yemen: el hambre como arma de guerra
Bunyan Jamal, de la organización Mwatana for Human Rights —activa en la documentación de violaciones a los derechos humanos en Yemen desde 2011—, se refirió a la utilización del hambre como estrategia bélica y presentó los resultados de una investigación sobre ataques con drones y operaciones terrestres realizada entre enero de 2017 y enero de 2019.
Esa investigación documentó 12 incidentes en los que murieron 38 civiles, entre ellos 13 niños —cinco de ellos menores de diez años— y seis mujeres. A partir de 69 entrevistas con familiares de las víctimas, Mwatana identificó impactos que se prolongan durante años: pérdida del sostén económico familiar, destrucción de viviendas y medios de transporte, y secuelas psicológicas severas, incluido el desplazamiento de comunidades enteras por miedo a nuevos ataques.
Jamal relató el testimonio de un niño que temía ir al baño por temor a que un dron atacara mientras él estaba separado de su familia. Señaló también que ninguna de las víctimas recibió reparación ni disculpa formal por parte de las fuerzas responsables.
Sobre los intentos de rendición de cuentas, explicó que Mwatana —con apoyo de la Facultad de Derecho de Columbia— envió al Ejército de Estados Unidos un informe de 150 páginas documentando los 12 incidentes. La única respuesta recibida reconoció un solo hecho ocurrido en 2019, sin ningún tipo de compensación económica ni disculpa. Jamal remarcó que Yemen carece de mecanismos legales internacionales efectivos para procesar estos casos, en un contexto en que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU disolvió recientemente el grupo de expertos eminentes encargado de investigar la situación en el país.
El debate sobre la responsabilidad de Estados Unidos
Al cierre del panel, Savelle planteó la necesidad de correr el eje del debate desde la responsabilidad individual de funcionarios hacia un cuestionamiento estructural del rol de la industria militar en la política exterior estadounidense. Citó una encuesta según la cual el 54,5% de los adultos en Estados Unidos prefiere que su país priorice la diplomacia por sobre las intervenciones militares, y planteó la pregunta de cómo traducir esa mayoría social en decisiones de gobierno.
Al-Hassani cerró su participación llamando a defender la educación crítica frente a los intentos de restringir su enseñanza en distintos estados de EE.UU., mientras que Jamal reclamó que Washington asuma un rol activo en la construcción de la paz en Yemen, más allá de discontinuar la venta de armas y la participación directa en el conflicto.
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