Detrás de las cifras macroeconómicas que encandilan a las oficinas porteñas y los discursos oficiales, hay una Argentina profunda donde el motor productivo gira en falso. Nos acostumbramos a escuchar sobre cosechas récord, récords de exportación y la supuesta «velocidad crucero» del sector agropecuario. Sin embargo, la voz del terreno —la de quienes pisan el barro, producen y conviven con el interior del país— nos muestra una realidad dramática: la economía real no arranca; está en pausa.
Esta contradicción quedó expuesta de forma magistral en una charla reciente en la prensa de José María Pichoni, un chacarero de Bigand, Santa Fe, conocido como el «Gaucho Tech». Pichoni no es un arquetipo tradicional ni un opositor ideológico. Es un promotor nato de la tecnología, un productor que defiende la genética de precisión, la conectividad satelital en los lotes y el arraigo de los jóvenes en pueblos de menos de 10.000 habitantes. Es la representación viva del agro moderno y dinámico que cualquier gestión económica desearía exhibir.
Pero cuando este mismo sector, alineado mayoritariamente con las ideas de desregulación y libre mercado, levanta la mano para advertir que las cosas no están bien, el análisis se vuelve ineludible. La advertencia no nace de la confrontación política, sino del ahogo cotidiano.
El diagnóstico de Pichoni expone un problema estructural que va más allá de la brecha cambiaria. Habla de la asfixia por la alta carga tributaria y la falta de eliminación de retenciones, pero sobre todo, de la ruptura del «efecto derrame». Hoy en el interior no hay incorporación de jóvenes profesionales, las inversiones de largo plazo están paralizadas y el comercio se sostiene a fuerza de cheques diferidos que rebotan sin piedad. Cuando la cadena de pagos se rompe, la ilusión del crecimiento macro se desmorona en los tribunales comerciales y las convocatorias de acreedores.
A este panorama se suma el abandono deliberado de la infraestructura. El testimonio es desgarrador: 37 años esperando una rotonda o un semáforo en un cruce donde Pichoni perdió a sus padres, mientras la producción tributa millones de dólares que jamás regresan en forma de mantenimiento vial o seguridad. La ruta destruida no es una abstracción fiscal; es la ambulancia pública que no llega a tiempo, el flete que se encarece y el insumo que no distribuye progreso.
Lo que ocurre en la cuenca agroindustrial —con pymes suspendiendo personal y comunidades enteras perdiendo servicios básicos de salud— es la prueba tajante de que la rentabilidad concentrada en pocos eslabones no hace una nación sostenible. El campo no pide dádivas ni subsidios distorsivos; exige previsibilidad, infraestructura básica, salud pública eficiente y reglas que incentiven el desarrollo local.
Es hora de entender que la macroeconomía no se come ni transita por rutas destruidas. Si el Estado olvida su rol de garantizador de condiciones básicas para la producción y el arraigo, el costo no lo pagará una planilla de cálculo, sino el futuro de las generaciones que hoy le siguen dando la espalda al interior.
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