El acuerdo aprobado por el ENACOM otorga en exclusividad la provisión de internet satelital a 6.000 establecimientos educativos. Especialistas y gobernadores advierten por la falta de licitación, sobrecostos respecto al mercado minorista y la transferencia futura del gasto a las provincias.
En medio del objetivo de brindar conectividad a zonas de difícil acceso, el Gobierno nacional aprobó de manera exprés una propuesta presentadas por la empresa Starlink, propiedad del magnate Elon Musk, para brindar internet satelital a 6.000 escuelas rurales y alejadas en todo el país. La medida, oficializada en el Boletín Oficial, generó severas críticas de especialistas en comunicación y sectores de la oposición debido a la falta de transparencia, la ausencia de licitación pública y las condiciones financieras del contrato.
En entrevista radial con el periodista Marcos Citadini (Radio Madre AM 530), el especialista e investigador en medios y tecnología Martín Becerra detalló los aspectos más controvertidos de este acuerdo, al que calificó como un «negociado a dedo» impulsado por la gestión de Javier Milei a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), organismo que se encuentra intervenido.
Aprobación exprés y adjudicación directa
Según detalló Becerra, el proceso se inició el 15 de julio mediante una carta de intención enviada por la propia compañía estadounidense. Solo ocho días después, el 23 de julio, el ENACOM aprobó la propuesta sin realizar estudios técnicos previos ni consultar a los ministerios de Educación provinciales, jurisdicciones de las que dependen los establecimientos educativos.
«Para lograr un objetivo loable como conectar escuelas, lo que tendría que haberse hecho es identificar los establecimientos, evaluar qué soluciones locales o regionales existen —como cooperativas, la empresa estatal ARSAT o proveedores privados— y convocar a un concurso o licitación pública», explicó Becerra.
Fondos públicos, sobrecostos y un contrato «disfrazado»
El proyecto demandará casi 22 millones de dólares provenientes del Fondo del Servicio Universal. Aunque la propuesta inicial se presentó bajo la apariencia de una «donación» durante los dos primeros años, las condiciones contractuales establecen que la firma terminará cobrando el servicio.
Entre los puntos más polémicos señalados en el análisis del especialista se destacan:
- Tarifa más cara que la domiciliaria: Al dividir el costo total del paquete mayorista entre los 6.000 establecimientos, el costo final por escuela resulta superior al precio que Starlink cobra a cualquier usuario particular en el mercado minorista.
- Sin obligación de reemplazo: Si la empresa no llega a completar la conexión en la totalidad de las 6.000 escuelas, el contrato establece textualmente que no tiene la obligación de reintegrar los montos ni sustituir los establecimientos.
- Carga financiera a las provincias: A partir del tercer año de contrato, el costo de mantenimiento de la infraestructura (estimado en más de 50 dólares mensuales por escuela) se transferirá directamente a las arcas provinciales, hoy altamente exigidas por la coyuntura económica.
Mala recepción en las provincias
La medida ya generó rechazo en mandatarios provinciales, quienes expresaron su malestar por la imposición de un compromiso financiero a futuro sin haber sido consultados ni haber recibido transferencia de recursos para afrontarlo.
Asimismo, se remarcó la falta de mecanismos de evaluación de impacto para medir la efectividad pedagógica y técnica del servicio en las aulas. Para los analistas, la velocidad y las condiciones ventajosas otorgadas a Starlink responden a la cercanía ideológica del Poder Ejecutivo con Elon Musk, antes que a una planificación estratégica de la infraestructura digital educativa.
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