La realidad cotidiana nos obliga a poner la mirada sobre un drama que golpea la puerta de miles de hogares argentinos: la mora crediticia y el endeudamiento familiar.
En el escenario político actual, conviven dos miradas diametralmente opuestas sobre el rol del Estado frente a la asfixia económica de los trabajadores. Por un lado, la postura del Gobierno nacional y sus voceros parlamentarios —encabezados por el diputado riojano y presidente de la Cámara Baja, Martín Menem— sostiene una premisa tajante: el Estado no debe intervenir en los contratos ni en la morosidad privada, dejando la suerte de los deudores a las libres leyes del mercado desregulado.
Esta doctrina de la prescindencia obliga a las familias golpeadas por la recesión a recurrir muchas veces al crédito informal y a la usura, donde las deudas se convierten en una espiral sin fin. Desde la perspectiva oficialista nacional, no hay salvatajes ni sensibilidad: el que no paga queda expulsado del sistema o librado a su propia suerte.
Sin embargo, a miles de kilómetros de la Capital Federal, la respuesta institucional en nuestra provincia muestra un contraste absoluto. El Gobierno de La Rioja decidió tomar cartas en el asunto mediante un esquema de protección integral. A través del Decreto 1293 y la declaración de la emergencia crediticia, la provincia anunció una decisión política clave: la reducción en 20 puntos porcentuales de la tasa de interés en los préstamos de consumo del Banco Rioja, llevando la tasa anual al 52%, el piso del mercado financiero formal.
Pero el alivio no se detiene allí. La medida alcanza de manera directa a trabajadores públicos, privados y jubilados, incluyendo un plan de reestructuración con plazos de hasta 48 meses para más de 5.000 personas que cayeron en morosidad. A esto se le suma el combate frontal contra la usura ilegal y la suspensión de ejecuciones prendarias, utilizando la fuerza pública y el marco legal para rescatar a las familias de la extorsión de prestamistas clandestinos.
Mientras la Nación predica el «sálvese quien pueda» y desregula el costo financiero dejando a los deudores a la deriva, el gobierno provincial utiliza la banca pública como una herramienta de alivio y contención social.
Este marcado contrapunto expone dos modelos de gestión antagónicos. Uno que concibe la economía como un frío juego de números desprovisto de rostros humanos, y otro que entiende que, en momentos de crisis profunda, el Estado tiene la obligación moral y política de regular, proteger y devolver la tranquilidad al bolsillo de la gente. La pregunta que queda flotando en el aire es inevitable: ¿hasta cuándo se podrá sostener la indiferencia nacional frente a un problema que carcome el día a día de millones de argentinos?
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