Hay una paradoja que debería incomodar a todos.
Una de las empresas argentinas que más creció al calor de la economía digital recibió durante años beneficios fiscales, créditos fiscales y regímenes de promoción impulsados por el Estado argentino.
Y mientras ese Estado le ofrecía condiciones para crecer, su fundador, Marcos Galperin, eligió radicarse en Uruguay.
No es ilegal.
Pero la pregunta es perfectamente legítima:
¿Qué responsabilidad tiene una empresa que hizo buena parte de su historia empresarial en la Argentina con el país que le permitió convertirse en lo que hoy es?
Porque Mercado Libre no nació en un vacío.
Creció en Argentina.
Utilizó infraestructura pública.
Formó trabajadores argentinos.
Se benefició durante años de regímenes de promoción tecnológica.
Y, según los propios balances de la compañía, desde 2020 acumuló cientos de millones de dólares en beneficios fiscales vinculados con Ganancias y contribuciones a la seguridad social.
Y mientras todo eso ocurre, Galperin vive en Uruguay.
La discusión no es si una persona tiene derecho a elegir dónde vivir.
Por supuesto que lo tiene.
La discusión es otra.
¿Es razonable que quienes acumulan los mayores beneficios del sistema económico argentino sean también quienes encuentran la manera de reducir al mínimo su vínculo tributario con ese mismo sistema?
Porque cuando un trabajador riojano cobra su sueldo, no puede elegir dónde tributar.
Cuando un comerciante paga Ingresos Brutos, no puede mudarse fiscalmente a otro país.
Cuando una pyme enfrenta IVA, Ganancias, cargas sociales, tasas y servicios, no puede diseñar una estructura internacional para reducir su carga tributaria.
Y mucho menos puede escapar de la realidad económica.
Y ahí aparece Mercado Pago
Porque hay otra cara de este modelo que merece ser discutida.
Mercado Libre dejó de ser simplemente una plataforma para comprar y vender productos.
Hoy es comercio, billetera virtual, pagos, crédito, publicidad, logística y servicios financieros.
Y cuando una persona está financieramente desesperada, la posibilidad de obtener dinero en pocos minutos desde el teléfono puede convertirse en una salvación inmediata.
Pero también puede convertirse en una trampa.
Porque el problema no es solamente cuánto dinero te prestan.
El problema es cuánto terminás devolviendo.
Las tasas de los créditos ofrecidos a través de Mercado Pago pueden resultar extremadamente elevadas dependiendo del perfil del cliente, el plazo y las condiciones de cada operación.
Y ahí aparece una palabra que merece ser discutida: usura.
No necesariamente como una calificación jurídica automática, sino como una pregunta social.
¿Qué pasa cuando una persona que ya está endeudada necesita pedir otro préstamo justamente para pagar las deudas anteriores?
¿Qué pasa cuando el crédito deja de ser una herramienta para invertir o consumir y se transforma en un mecanismo para llegar al día 30?
¿Qué pasa cuando una familia pide dinero para pagar la tarjeta, la cuota del supermercado, el alquiler o los servicios?
Ahí el crédito deja de ser libertad financiera.
Se convierte en supervivencia.
Y esto también ocurre en La Rioja
No hace falta mirar una estadística nacional para entenderlo.
Hay riojanos que llegan a fin de mes con la cuenta en cero.
Trabajadores que cobran y a los pocos días ya tienen comprometido buena parte del sueldo.
Familias que pagan una tarjeta con otra.
Personas que refinancian una deuda para cancelar otra.
Y en ese escenario aparecen las aplicaciones de crédito inmediato.
Dos clics.
Una oferta.
Dinero depositado.
Y después, una cuota.
Otra cuota.
Otra más.
Hasta que llega un momento en que el sueldo ya no alcanza.
Ese es el verdadero negocio que tenemos que discutir.
Porque el crédito puede ser una herramienta de inclusión financiera.
Pero cuando las tasas son extraordinariamente altas y el consumidor está desesperado, la supuesta inclusión puede transformarse en dependencia financiera.
¿Y quién generó este escenario?
Acá tampoco podemos hacernos los distraídos.
El gobierno de Javier Milei sostiene que la estabilización macroeconómica necesita tiempo.
Que el ajuste era inevitable.
Que había que ordenar las cuentas públicas.
Que la inflación debía ser derrotada.
Pero mientras se discuten los grandes números de la macroeconomía, hay una Argentina que vive otra realidad.
Una Argentina que paga el supermercado en cuotas.
Que refinancia tarjetas.
Que pide préstamos para llegar a fin de mes.
Que recorta alimentos.
Que posterga tratamientos.
Que deja de comprar ropa.
Que cambia primeras marcas por segundas.
Y que, cuando ya no encuentra otra salida, abre una aplicación y pide dinero prestado.
Ese también es el resultado económico de un país.
No alcanza con decir que bajó la inflación.
Hay que preguntar qué pasó con el salario real.
Qué pasó con el empleo.
Qué pasó con el consumo.
Qué pasó con las pequeñas empresas.
Qué pasó con las familias endeudadas.
Y qué pasa con aquellos que necesitan endeudarse para sobrevivir.
El contraste es brutal
De un lado, una empresa tecnológica argentina convertida en multinacional.
Una compañía que vale decenas de miles de millones de dólares.
Un empresario argentino que vive en Uruguay.
Una compañía que continúa aprovechando regímenes de promoción fiscal argentinos.
Y un negocio financiero que crece sobre millones de operaciones.
Del otro lado:
el trabajador que necesita pedir $200.000 para llegar al próximo sueldo.
Ahí está la contradicción.
El Estado argentino puede ser suficientemente bueno para ayudar a una multinacional tecnológica a crecer.
Pero muchas veces parece demasiado pequeño cuando se trata de proteger al ciudadano que queda atrapado en una deuda.
Y esa es la discusión que deberíamos estar teniendo.
No se trata de atacar a Mercado Libre porque haya tenido éxito.
El éxito empresarial no es un delito.
El problema aparece cuando una sociedad subsidia, promociona y facilita el crecimiento de determinados gigantes económicos mientras las familias que sostienen esa misma economía quedan atrapadas entre inflación, salarios insuficientes, impuestos, tarjetas y créditos de tasas exorbitantes.
Porque el crédito no debería convertirse en una condena
La Argentina necesita empresas tecnológicas.
Necesita inversión.
Necesita innovación.
Necesita empleo privado.
Pero también necesita reglas.
Reglas para que los beneficios fiscales tengan contraprestaciones claras.
Reglas para saber cuánto aporta cada empresa y cuánto recibe.
Reglas para transparentar el costo financiero total de los créditos.
Reglas para impedir que la desesperación económica del consumidor se convierta en el principal activo de un negocio financiero.
Y, fundamentalmente, necesita una política económica que permita que la gente no tenga que endeudarse para comer.
Porque ese es el punto que no podemos perder de vista.
Cuando un riojano pide un préstamo en Mercado Pago para pagar una deuda anterior, el problema no empezó cuando abrió la aplicación.
El problema empezó mucho antes.
Empezó cuando el salario dejó de alcanzar.
Cuando el crédito reemplazó al ingreso.
Cuando la tarjeta reemplazó al sueldo.
Y cuando la supervivencia financiera de una familia quedó atada a conseguir otro préstamo.
Por eso, mientras Galperin disfruta de una economía global y el Estado argentino sigue otorgando beneficios a empresas tecnológicas, hay miles de familias en La Rioja y en todo el país haciendo cuentas todos los días para llegar al próximo vencimiento.
Y quizás esa sea la pregunta más incómoda de todas:
¿De qué sirve construir unicornios empresariales si para sobrevivir millones de argentinos tienen que convertirse en deudores?
Porque una economía no puede medirse solamente por la cotización de Mercado Libre.
También hay que medirla por la cantidad de familias que llegan tranquilas a fin de mes.
Y hoy, en la Argentina de Milei, demasiadas familias ya no llegan.
Llegan endeudadas.
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