Hay números que parecen fríos. Hay estadísticas que pueden pasar inadvertidas. Pero detrás de cada número hay una persona. Y detrás de cada pasajero que deja de subir a un colectivo hay una historia de salario que no alcanza, de una familia que ajusta, de un trabajador que calcula si puede pagar el viaje para llegar a fin de mes.
La caída de usuarios de Rioja Bus, que según la información publicada por Rioja Virtual supera los 15 mil pasajeros diarios, no debería analizarse solamente como un problema de transporte. Es, en realidad, un síntoma de algo mucho más profundo: la crisis económica que atraviesa a la Argentina y que está modificando hasta la manera en que los argentinos se movilizan.
Porque cuando un trabajador deja de usar el colectivo, muchas veces no es porque encontró una alternativa mejor. Es porque el bolsillo ya no aguanta.
Y esto no ocurre solamente en La Rioja.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la utilización del transporte público también viene cayendo. Los datos difundidos en el material que analizamos muestran una reducción significativa de colectivos y trenes en circulación, mientras el costo del transporte aumentó muy por encima de la inflación.
Entonces aparece una pregunta inevitable: ¿qué está pasando con un país donde cada vez cuesta más viajar para trabajar?
El Gobierno nacional decidió retirar progresivamente su presencia del sistema de transporte, especialmente en el interior del país, bajo la lógica de reducir el gasto y preservar el superávit fiscal.
Pero el Estado nacional puede ahorrar en una planilla de Excel. El trabajador no puede ahorrar en el colectivo que necesita para llegar a su empleo.
Y cuando Nación deja de financiar, la cuenta no desaparece. Se traslada.
La pagan las provincias. La pagan los municipios. Y, finalmente, la paga el usuario.
Eso es lo que está ocurriendo en buena parte de la Argentina: un Estado nacional que se retira y obliga a los gobiernos provinciales y municipales a sostener servicios esenciales con recursos cada vez más escasos.
La Rioja es un ejemplo concreto.
La provincia sostiene Rioja Bus con recursos propios porque entiende que el transporte no es solamente un negocio: es una política pública. De hecho, la empresa tiene una recaudación que no alcanza a cubrir el 30% de sus costos y el resto debe ser subsidiado por la Provincia.
Pero ¿hasta cuándo pueden las provincias seguir poniendo dinero para compensar el retiro de Nación?
Ese es el verdadero debate.
Porque mientras desde Buenos Aires se celebra el superávit fiscal como una conquista histórica, en las provincias se hacen malabares para sostener colectivos, hospitales, escuelas, rutas y servicios esenciales.
Y mientras tanto, miles de argentinos hacen cuentas.
Cuánto cuesta ir a trabajar. Cuánto cuesta volver. Cuánto queda del sueldo después de pagar el transporte.
El problema no es solamente que haya menos pasajeros.
El problema es que hay argentinos que están dejando de viajar porque no pueden pagarlo.
Y un país donde trabajar, estudiar o atenderse en un hospital depende de cuánto dinero queda en la billetera después de pagar el colectivo, no está avanzando.
Está retrocediendo.
Porque el transporte público no debería ser un lujo.
Debería ser un derecho social, una herramienta de igualdad y una política de Estado.
Y si el Gobierno nacional decidió abandonar esa responsabilidad, alguien tendrá que decirlo con todas las letras:
el ajuste puede cerrar una cuenta fiscal, pero cuando destruye servicios esenciales, abre una deuda social que tarde o temprano también habrá que pagar.
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