La Comisión de Industria y Comercio de la Cámara Alta analizó un proyecto que exige respuestas al Ejecutivo sobre la crítica situación del sector. Advierten que siete de cada diez máquinas están paradas.
La crisis que atraviesa la industria textil en la Argentina llegó al plano legislativo. En una reciente reunión de la Comisión de Industria y Comercio del Senado de la Nación, se debatió un proyecto de resolución que solicita de manera urgente al Gobierno nacional información detallada sobre los efectos de la reducción de aranceles a la importación en los sectores del calzado y textil, una medida que golpea con especial dureza a polos productivos clave como la ciudad de Mar del Plata.
La iniciativa, impulsada por el senador Fernando Rejal, pone la lupa sobre el impacto de los decretos 908/2024 y 236/2025. El legislador alertó sobre las graves consecuencias que está generando la competencia con productos del exterior tras lo que calificó como una «apertura indiscriminada de las importaciones«.
Para dimensionar la gravedad de la situación, Rejal expuso cifras contundentes sobre el deterioro del sector: siete de cada diez máquinas textiles permanecen paradas desde 2024 y ya se contabiliza la pérdida de 20.700 puestos de trabajo registrados.
¿Qué información se le exige al Gobierno?
El proyecto busca que el Poder Ejecutivo brinde estadísticas claras sobre la evolución de la actividad y responda a puntos clave:
- Los precios de ingreso de los productos importados al mercado local.
- El impacto real de estas importaciones sobre la oferta de producción nacional.
- La existencia de investigaciones en curso por presuntas prácticas de dumping (competencia desleal por vender debajo del precio de costo).
La metalúrgica, también en la mira
La preocupación por el entramado productivo nacional no se limitó al sector textil. Durante el encuentro, presidido por el senador Marcelo Lewandowski, también se trató un pedido de informes sobre la industria metalúrgica.
Lewandowski advirtió que la actividad de este sector cerró el último año con una caída del -7,1%. La principal alarma radica en que las importaciones de estructuras de acero alcanzaron las 33.000 toneladas, un volumen que equivale prácticamente a toda la capacidad de producción de las fábricas instaladas en el país, poniendo en riesgo el sostenimiento de la industria local.
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