«La casta tiene miedo«, era el cantito que musicalizó la campaña que llevó a Javier Milei a la Casa Rosada. El discurso era simple, casi quirúrgico: venían a barrer con los privilegios de los políticos y a exigirle transparencia a una dirigencia viciada. Sin embargo, cuando se encienden los micrófonos de la realidad, los discursos de campaña suelen estrellarse de frente contra los expedientes judiciales.
Hoy la lupa de la justicia no apunta a los sospechosos de siempre, sino al riñón del relato oficial. Apunta, concretamente, a la familia del vocero presidencial. El fiscal federal Guillermo Marijuán ha solicitado la declaración indagatoria de Francisco Adorni, actual diputado provincial de La Libertad Avanza y hermano menor de Manuel Adorni, el vocero de la Nación. ¿El motivo? Una gravísima sospecha de enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en sus declaraciones juradas.
La denuncia original, impulsada curiosamente por una figura de sus propias filas, la diputada Marcela Pagano, expone números que, al menos para el bolsillo de cualquier laburante, resultan inexplicables. La justicia puso el ojo en un crédito de 60 millones de pesos que Francisco Adorni tomó y devolvió de forma exprés en menos de un año, cancelando casi el 60% de esa deuda en tiempo récord. Pero la matemática de la función pública se vuelve todavía más extraña: en su declaración jurada de 2024, el menor de los Adorni declaró un patrimonio de 47 millones de pesos y la mitad de una casa en City Bell. Apenas un año más tarde, ese patrimonio saltó a casi 80 millones de pesos. En doce meses, duplicó sus bienes y cambió su vehículo familiar por una camioneta Jeep Renegade.
Ante este panorama, la defensa ensaya la clásica respuesta del manual de la burocracia: «un error administrativo«. Pero el fiscal Marijuán es tajante: un hombre que pasó años trabajando en la auditoría interna del Ministerio de Defensa y en el mismísimo Consejo de la Magistratura no comete «errores» tan groseros cuando se trata de declarar su propia plata.
Y acá es donde la trama se vuelve un asunto de familia y salpica de lleno al vocero presidencial. Para justificar el repentino salto patrimonial, Francisco Adorni argumentó haber recibido una herencia de 21 millones de pesos tras el fallecimiento de su padre. El problema es que los números no cruzan. Hace apenas unos días, su hermano, Manuel Adorni, aseguró públicamente haber recibido por la misma herencia un total de 200.000 dólares, una cifra que según él luego multiplicó invirtiendo en criptomonedas. ¿Cómo es posible que dos hermanos declaren herencias con valores tan dispares por el mismo hecho? Esa flagrante contradicción es la que hoy tiene a la justicia Federal investigando a ambos hermanos en causas separadas, pero bajo el mismo y pesado manto del presunto enriquecimiento ilícito.
Quienes peinan canas en la política platense recuerdan las fotos de Francisco Adorni haciendo la clásica «V» peronista en listas vecinales antes de mutar al PRO de Julio Garro, y de ahí, al salto libertario apadrinado por Karina Milei. El recorrido no es nuevo, pero cuando el camaleónico salto político coincide con un milagroso crecimiento patrimonial, las dudas dejan de ser políticas y pasan a ser penales.
El gobierno que llegó prometiendo transparencia hoy enfrenta la cruda realidad de tener que explicar los números familiares de su principal comunicador. Al final del día, parece que la motosierra corta para algunos, pero el milagro de la multiplicación de los panes —y de los dólares— sigue quedando reservado para los mismos de siempre.
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