La investigadora y especialista en estudios territoriales Julieta Caggiano expresó su preocupación por el proyecto que impulsa modificaciones a la Ley de Tierras Rurales y sostuvo que la iniciativa abriría la puerta a una mayor extranjerización de territorios considerados estratégicos para el país.
Durante una entrevista radial, Caggiano explicó que la normativa vigente desde 2011 no prohíbe la compra de tierras por parte de extranjeros, sino que establece límites y restricciones para preservar la soberanía territorial. Entre ellas, mencionó el tope del 15% de propiedad extranjera sobre las tierras rurales, además de restricciones vinculadas a zonas de frontera y áreas que contienen cuerpos de agua.
Según la integrante del Observatorio de Tierras, la propuesta en debate eliminaría esos límites y permitiría que capitales extranjeros adquieran extensas superficies sin restricciones. “Se trata de una verdadera ley de extranjerización de tierras”, afirmó, al considerar que la reforma favorecería a grandes empresas y fondos internacionales interesados en recursos naturales estratégicos.
Caggiano señaló que actualmente existen alrededor de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras en Argentina y advirtió que la concentración no se distribuye de manera uniforme. Según explicó, los departamentos que ya superan los límites establecidos por la legislación se ubican principalmente en áreas de frontera, regiones con importantes reservas de agua dulce, corredores logísticos y zonas con potencial minero.
La especialista sostuvo además que los territorios más codiciados coinciden con espacios donde existen recursos considerados estratégicos, como cuencas hídricas, glaciares, bosques y áreas vinculadas a proyectos mineros. En ese sentido, alertó que la eventual derogación de las restricciones podría incrementar la presión sobre esos recursos.
Durante la entrevista también vinculó la discusión con otros cambios normativos impulsados por el Gobierno nacional, entre ellos modificaciones a la legislación ambiental y de manejo del fuego. Según indicó, la combinación de estas medidas podría facilitar procesos de especulación inmobiliaria y acelerar conflictos territoriales.
Caggiano citó como antecedentes los casos de acceso restringido al Lago Escondido y conflictos vinculados a propiedades privadas en cercanías de cursos de agua y parques nacionales. También mencionó situaciones registradas en la Patagonia relacionadas con inversiones extranjeras en áreas de alto valor ambiental.
Finalmente, la investigadora cuestionó la escasa visibilidad pública que, a su entender, tiene el debate legislativo. “Se está manejando con una opacidad preocupante”, sostuvo, y llamó a la ciudadanía a seguir de cerca la discusión parlamentaria por las implicancias que podría tener sobre la soberanía territorial, el acceso a recursos naturales y el desarrollo de las economías regionales.
Desde el Observatorio de Tierras informaron que se encuentran monitoreando el tratamiento de la iniciativa y difundiendo mapas e informes sobre la situación de la propiedad rural en distintas regiones del país.
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