Un proyecto de ley impulsado en 2016 por la entonces diputada nacional Myriam Bregman volvió a tomar relevancia en el debate sobre las políticas de drogas en Argentina. Se trata del expediente 3521-D-2016, que propone la legalización de la marihuana y la creación de un marco regulatorio integral para su producción, comercialización y consumo.
La iniciativa fue presentada el 9 de junio de 2016 en la Cámara de Diputados y planteaba un cambio profundo respecto del enfoque prohibicionista vigente, al considerar que la persecución penal del consumo y del pequeño cultivo no había logrado reducir el narcotráfico ni los problemas asociados al consumo problemático.
Según el proyecto, el Estado debería asumir el control y la regulación del mercado del cannabis, estableciendo mecanismos para autorizar el cultivo personal, la producción colectiva y la comercialización bajo condiciones específicas. El objetivo central era desplazar al mercado ilegal, reducir la criminalización de usuarios y concentrar los esfuerzos estatales en combatir las redes de narcotráfico.
Un debate que se adelantó a cambios posteriores
Cuando fue presentado, el proyecto se ubicaba entre las propuestas más avanzadas del Congreso argentino en materia de política de drogas. En aquel momento, la legislación nacional solo permitía excepciones muy limitadas vinculadas a investigaciones científicas.
Sin embargo, años después parte de los planteos vinculados al acceso al cannabis comenzaron a incorporarse a la legislación argentina. En 2017 se aprobó la ley de cannabis medicinal y posteriormente se creó el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), que habilita el cultivo controlado para fines terapéuticos bajo determinadas condiciones.
Aun así, la legalización integral del uso recreativo y la regulación completa del mercado, como proponía el expediente de Bregman, nunca llegaron a ser tratadas ni aprobadas por el Congreso.
Argumentos a favor
Entre los fundamentos esgrimidos por los impulsores de la iniciativa se encontraban:
- La reducción de la criminalización de consumidores.
- La posibilidad de controlar la calidad de los productos.
- La generación de recursos fiscales mediante impuestos.
- La disminución del mercado ilegal y de las ganancias del narcotráfico.
- Un enfoque centrado en la salud pública en lugar de la persecución penal.
Un debate que continúa vigente
La discusión sobre la regulación del cannabis sigue abierta en numerosos países. Experiencias como las de Uruguay, Canadá y varios estados de Estados Unidos han servido como referencia para quienes promueven modelos de regulación legal del mercado.
En Argentina, mientras avanza el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, continúan los debates sobre la conveniencia o no de avanzar hacia una legalización más amplia del consumo recreativo.
Aunque el expediente 3521-D-2016 perdió estado parlamentario hace años, constituye uno de los antecedentes legislativos más importantes en la discusión sobre la regulación integral de la marihuana en el país.
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