La universidad pública argentina atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Y no se trata solamente de un reclamo sectorial, ni de una puja presupuestaria más entre el Gobierno y las casas de estudio. Lo que está en discusión es mucho más profundo: qué país queremos construir y qué lugar ocupa la educación pública en ese proyecto de nación.
La caída del 45% en las transferencias nacionales desde 2023 es una señal política. Es el reflejo de una concepción del Estado que considera a la educación superior como un gasto y no como una inversión estratégica.
La gravedad de la situación ya no puede medirse solamente en números. Hoy, siete de cada diez trabajadores universitarios cobran salarios que no alcanzan para vivir dignamente. Docentes y no docentes sostienen el funcionamiento de universidades enteras con ingresos deteriorados por la inflación y el ajuste. Mientras tanto, las instituciones sobreviven haciendo equilibrio, reduciendo actividades, postergando proyectos y estirando recursos al límite.
Pero quizás lo más preocupante no sea el desfinanciamiento en sí, sino la ausencia total de diálogo. Bartolacci lo expresó con claridad: el Gobierno nacional ni siquiera convoca a una mesa de trabajo para discutir soluciones. Hay una ley de financiamiento universitario aprobada por amplia mayoría, respaldada judicialmente y aún así incumplida por el Poder Ejecutivo. Y cuando un gobierno decide ignorar una ley votada democráticamente, el problema deja de ser educativo para transformarse en institucional.
La Argentina construyó gran parte de su identidad moderna sobre la base de la educación pública. Desde Sarmiento hasta la Reforma Universitaria de 1918, pasando por generaciones enteras de profesionales, científicos e investigadores formados en universidades nacionales, el país apostó históricamente al conocimiento como herramienta de movilidad social y desarrollo. Desmantelar ese sistema no es solamente ajustar cuentas fiscales: es romper uno de los pocos consensos históricos que todavía sobreviven.
Y aquí aparece otro aspecto preocupante: el intento sistemático de desprestigiar a las universidades públicas. Desde hace meses se instala en el debate público un discurso basado en sospechas de corrupción, privilegios o ineficiencia. Sin embargo, después de años de denuncias mediáticas, no aparecieron pruebas concretas ni causas resonantes que justifiquen semejante campaña. Lo que sí aparece es una estrategia clara: erosionar la legitimidad social de la universidad para justificar el ajuste.
Claro que las universidades tienen problemas. Nadie serio sostiene que el sistema sea perfecto. Hay carreras con baja graduación, estructuras burocráticas pesadas y desafíos enormes frente a un mundo que cambia a velocidad vertiginosa. Pero la respuesta a esos problemas no puede ser el vaciamiento. La respuesta debe ser más inversión, más reformas, más planificación y más debate.
Porque ningún país del mundo salió adelante destruyendo su sistema educativo. Ninguna economía moderna creció sin ciencia, tecnología y universidades fuertes. Y ninguna sociedad puede aspirar a reducir desigualdades si convierte el acceso al conocimiento en un privilegio reservado para pocos.
Defender la universidad pública no es defender un edificio ni una estructura administrativa. Es defender la posibilidad de que cualquier joven argentino, nazca donde nazca, pueda estudiar, progresar y construir un futuro mejor. Esa sigue siendo, todavía hoy, una de las herramientas más poderosas de igualdad que tiene la Argentina.
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