Mientras la agenda pública permanece concentrada en los escándalos políticos y las denuncias de corrupción de las últimas semanas, crecieron las críticas alrededor del proceso de privatizaciones y concesiones energéticas impulsadas por el gobierno nacional. En el centro de las sospechas aparece el grupo empresario de la familia Neuss, señalado por sus vínculos con figuras cercanas al asesor presidencial Santiago Caputo y por haber expandido sus negocios de manera acelerada desde la llegada de Javier Milei al poder.
El planteo sostiene que, en medio de la atención mediática sobre otras controversias, avanzan operaciones vinculadas a infraestructura estratégica del país, particularmente en el sector eléctrico e hidroeléctrico. Según la denuncia, en apenas un año el grupo Edison Energía —creado en marzo de 2025— logró quedarse con distribuidoras, transportistas y generadoras eléctricas en distintas provincias, además de participar en licitaciones de represas hidroeléctricas clave.
Los cuestionamientos apuntan a que estas operaciones se producen en condiciones consideradas favorables para grupos empresarios cercanos al oficialismo, con licitaciones observadas por presuntas irregularidades y concesiones de muy largo plazo.
La compra de Transener por 356 millones de dólares
Uno de los casos que más polémica generó fue la adjudicación de una parte de Transener, la principal transportista eléctrica de la Argentina. La operación quedó en manos de Edison Energía, empresa integrada por Juan y Patricio Neuss junto a otros socios empresarios.
La concesión se otorgó por 30 años y demandó una oferta de 356 millones de dólares. El activo incluye una red de 12.500 kilómetros de líneas de alta tensión de 500 kW que atraviesan gran parte del territorio nacional, considerada infraestructura crítica para el sistema energético argentino.
Según la denuncia, el proceso licitatorio estuvo rodeado de cuestionamientos porque, al momento de difundirse las ofertas económicas, solo se conocieron públicamente dos propuestas competidoras. Sin embargo, la adjudicación terminó favoreciendo a Edison Energía, cuya oferta inicialmente no figuraba entre las publicadas.
Entre los socios de Edison Energía aparecen empresarios vinculados a distintos sectores económicos: antiguos directivos de Newsan, accionistas relacionados con la marca Noblex, empresarios ligados a Havanna y el grupo Genneia, además de nombres asociados históricamente al sistema financiero argentino.
El cierre de plantas y el impacto laboral
Las críticas también alcanzan a Newsan, empresa cuyos directivos forman parte del armado energético. Se recordó que la compañía cerró una planta de electrodomésticos en Tierra del Fuego para reemplazar producción nacional por importaciones.
Esa decisión, según se afirmó, dejó a unos 2.000 trabajadores sin empleo, mientras la empresa incrementaba su participación de mercado mediante la importación de productos.
Expansión acelerada en el negocio energético
Además de Transener, Edison Energía avanzó sobre distintos segmentos del sistema eléctrico argentino.
Entre las adquisiciones mencionadas aparecen:
- La distribuidora eléctrica de Jujuy, Ejesa.
- La distribuidora eléctrica de Tucumán, Edet.
- La transportista eléctrica del Litoral, Litsa.
- La generadora hidroeléctrica Los Potrerillos, en Mendoza.
La compra de esta última empresa habría servido como antecedente técnico para participar luego en licitaciones de mayor escala, particularmente en las represas hidroeléctricas del Comahue.
Las represas del Comahue y concesiones por tres décadas
Otro de los puntos más sensibles señalados es la reconcesión de las represas hidroeléctricas del Comahue, cuya privatización original había sido realizada durante la década del 90 y cuyos contratos vencieron recientemente tras 30 años.
Edison Energía logró quedarse con las concesiones de Alicurá y Cerros Colorados, dos de las cuatro represas que forman parte del complejo hidroeléctrico patagónico.
Las adjudicaciones se habrían realizado por montos cercanos a:
- 160 millones de dólares en uno de los casos.
- 130 millones de dólares en el otro.
Las críticas apuntan a que los requisitos de experiencia exigidos en los pliegos eran mínimos, permitiendo competir con antecedentes reducidos en generación eléctrica.
También se cuestionó la decisión oficial de extender el plazo de presentación de ofertas en la licitación de Alicurá. Según la denuncia, hasta el vencimiento original solo existía una propuesta de la empresa estadounidense que ya operaba la represa. Tras la prórroga ingresó Edison Energía con una oferta superior.
Sectores críticos del proceso consideran que la cercanía de los empresarios con funcionarios del gobierno genera sospechas sobre posibles ventajas informativas o trato preferencial, aunque hasta el momento no existen pruebas judiciales públicas que acrediten irregularidades.
Tarifas, dolarización y negocios protegidos
El análisis también vincula el crecimiento de estos grupos empresarios con la política energética del gobierno nacional. Se menciona especialmente:
- La indexación de tarifas de servicios públicos.
- La liberación del mercado petrolero.
- La flexibilización sobre exportaciones energéticas.
- La reducción de regulaciones estatales.
Según esta mirada, estas medidas blindan la rentabilidad de empresas vinculadas al sector energético, mientras el Estado resigna capacidad de control sobre áreas consideradas estratégicas.
La hidrovía, la próxima disputa
Las denuncias no se limitan al sistema eléctrico. También se mencionó el proceso de reliciación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, actualmente bajo administración transitoria.
Allí competirían grupos belgas, holandeses y empresarios argentinos, en una concesión considerada clave para el comercio exterior del país.
De acuerdo con las advertencias planteadas, empresarios cercanos al oficialismo también tendrían interés en participar de ese negocio multimillonario.
Un debate que vuelve sobre los años 90
Las críticas trazan paralelismos con el ciclo de privatizaciones impulsado durante el menemismo y la convertibilidad de Domingo Cavallo. Según esta postura, el gobierno estaría repitiendo un esquema basado en:
- Endeudamiento.
- Atraso cambiario.
- Desindustrialización.
- Venta de activos públicos estratégicos.
Los cuestionamientos sostienen que, mientras ingresan cientos de millones de dólares por concesiones y privatizaciones, esos recursos resultan insuficientes frente a la necesidad de divisas de la economía argentina y terminan diluyéndose rápidamente en el mercado cambiario.
En ese contexto, crece el debate sobre quiénes serán los verdaderos beneficiarios del nuevo ciclo de concesiones energéticas y cuánto poder económico acumularán los grupos empresarios que logren quedarse con activos estratégicos durante los próximos 30 años.
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