Hay una pregunta que hoy atraviesa la política argentina y que muchos ciudadanos empiezan a hacerse en voz alta: ¿la Justicia mide con la misma vara a todos o depende de quién esté sentado en el poder?
En las últimas horas volvieron a resonar las palabras de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien declaró ante la Justicia defendiendo su posición frente a las causas en su contra. Allí planteó algo que va mucho más allá de su situación personal: denunció la existencia de prácticas mafiosas dentro del sistema judicial y habló de extorsiones, operaciones políticas y armados de causas.
Kirchner citó casos concretos. Mencionó el entramado que derivó en el expediente conocido como “D’Alessio”, donde un tribunal determinó que existió una asociación ilícita integrada por operadores de inteligencia, empresarios y periodistas que actuaban en coordinación con sectores del Poder Judicial. Según explicó, el vínculo entre Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli fue considerado por la sentencia como un “activo muy importante” dentro de ese esquema de extorsiones.
También recordó episodios documentados en chats y registros digitales donde empresarios eran presionados para pagar sumas de dinero a cambio de no ser involucrados en causas judiciales. En uno de esos casos, se mencionaron pedidos de hasta 300 mil dólares para evitar detenciones.
El punto central de su planteo fue que, aun con estas pruebas y con una sentencia judicial que reconoció la existencia de esa estructura, varios de los protagonistas siguen ocupando cargos dentro del sistema judicial.
Ahora bien, mientras ese debate se reabre, otro escándalo sacude a la política nacional y vuelve inevitable la comparación.
Porque hoy también aparecen denuncias graves que rozan al actual gobierno. En distintos expedientes y filtraciones judiciales se mencionan presuntos pagos de hasta cinco millones de dólares en tokens o efectivo vinculados a operaciones que involucrarían a funcionarios cercanos al presidente Javier Milei.
En esos mismos registros aparece el nombre del empresario Mauricio Novelli, señalado como intermediario en contactos con operadores internacionales, mientras el actual ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques defendía públicamente a los involucrados y cuestionaba las filtraciones del expediente en lugar del contenido de las denuncias.
El problema —como señalaban varios analistas— no sería el delito en sí, sino que se conozca.
Y ahí aparece la sensación de doble estándar. Porque mientras el peronismo tiene más de una decena de dirigentes detenidos o condenados en los últimos años, otros sectores políticos parecen transitar los tribunales con una tranquilidad notable.
El propio debate público lo refleja: cuando las acusaciones alcanzan a dirigentes opositores, la maquinaria judicial se mueve con velocidad. Cuando las denuncias apuntan al poder de turno o a grupos económicos influyentes, las causas se diluyen entre tecnicismos, filtraciones y discusiones sobre la cadena de custodia de un archivo.
La pregunta entonces no es si hubo corrupción en un gobierno u otro. La historia argentina demuestra que la corrupción atraviesa distintos signos políticos.
La pregunta de fondo es otra: ¿existe en la Argentina una Justicia capaz de investigar a todos por igual?
Porque cuando la ley deja de ser pareja y pasa a aplicarse según el poder del acusado, lo que se rompe no es solamente la credibilidad de los tribunales.
Se rompe algo mucho más profundo: la confianza de la sociedad en la democracia.
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