Un total de 82 trabajadores denunciaron haber sido víctimas de una presunta estafa vinculada a una supuesta oferta laboral en un proyecto minero en la provincia de Catamarca. Según relataron los damnificados, cada uno abonó 200 mil pesos para acceder a un puesto de trabajo que incluía estudios médicos, hospedaje y traslado, pero con el correr de los días descubrieron que todo habría sido una maniobra fraudulenta.
El caso salió a la luz tras el testimonio público de Rodrigo Carvallo, uno de los afectados, quien aseguró que también realizó la transferencia exigida y que, al igual que el resto, confió en la propuesta debido a su experiencia previa en minería y petróleo.
El mecanismo
De acuerdo al relato, el contacto inicial se dio a través de conocidos que habrían trabajado anteriormente con dos personas identificadas como la ingeniera Valeria Páez y el ingeniero Pérez. La propuesta consistía en ingresar a trabajar en un proyecto vinculado a litio en Catamarca, presuntamente en el Salar del Hombre Muerto, bajo la órbita de una empresa denominada “Arcadio Litio – Proyecto Río Tinto”, gestionada a través de una consultora llamada “Bomblín”.
Para concretar el ingreso, los interesados debían abonar 200.000 pesos, suma que —según se les informó— incluía 14 estudios médicos obligatorios y gastos administrativos. Los primeros 14 postulantes comenzaron los exámenes médicos el 7 de enero en una clínica local, completando los estudios el 11 de ese mes.
Sin embargo, con el paso de los días comenzaron a surgir inconsistencias. Desde la clínica les habrían informado que los estudios no habían sido abonados por la empresa, pese a que los trabajadores ya habían realizado el pago correspondiente. A partir de ese momento, comenzaron las averiguaciones que derivaron en la sospecha de una estafa.
Promesas millonarias y expansión a otras provincias
La oferta laboral resultaba altamente atractiva: un salario de 2.600.000 pesos más un plus de 300.000 pesos según categoría, además de hospedaje en hotel y traslado hacia el yacimiento. El primer contingente debía viajar el 24 de enero, mientras que otro grupo lo haría el 24 de febrero, una vez completados los estudios médicos.
Con el correr de las semanas, los damnificados tomaron conocimiento de que situaciones similares se habrían replicado en otras provincias como San Juan y Mendoza, donde el número de afectados ascendería a unas 350 personas, utilizando la misma metodología y los mismos nombres.
En total, se estima que la maniobra podría haber alcanzado a más de 400 trabajadores en distintas jurisdicciones.
Impacto social
La situación generó un fuerte impacto económico y emocional entre los afectados. Algunos renunciaron a empleos formales ante la inminente incorporación al proyecto minero; otros vendieron herramientas, pidieron dinero prestado o realizaron grandes esfuerzos financieros para reunir el monto exigido.
Carvallo, quien fue señalado en redes sociales como presunto organizador, rechazó cualquier acusación y aseguró ser “víctima igual que todos”. Confirmó que iniciará acciones judiciales por presunto ciberdelito y que buscarán unificar las denuncias con damnificados de otras provincias para avanzar penalmente contra los responsables.
Otros trabajadores respaldaron públicamente su versión y descartaron que haya existido complicidad local, describiendo la maniobra como una estructura organizada y cuidadosamente planificada que aprovechó la necesidad laboral y la expectativa generada por el auge de la minería del litio en la región.
Investigación en curso
Los denunciantes anticiparon que presentarán la documentación respaldatoria —comprobantes de transferencia, capturas de mensajes y registros de comunicación— ante la fiscalía correspondiente. El objetivo, señalaron, es que se investigue la identidad real de las personas involucradas y se determinen responsabilidades penales.
Mientras tanto, la incertidumbre y la indignación predominan entre los trabajadores, que esperan que la Justicia esclarezca el caso y evite que nuevas personas caigan en la misma maniobra.
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