Denuncian al fiscal general de La Rioja por presuntas maniobras con viáticos y compras irregulares

La secretaria Económico-Financiera y de Recursos Humanos del Ministerio Público Fiscal de La Rioja, Cecilia Agüero, denunció penalmente al fiscal general de la provincia, Javier Vallejo, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.

La presentación fue realizada ante la Justicia provincial y también ante la Justicia Federal, donde se solicitó que se investiguen posibles delitos de corrupción y eventual lavado de activos. Según se informó en conferencia de prensa, la denuncia incluye documentación, audios y actas notariales.

Presuntos viáticos irregulares

De acuerdo con el testimonio de Agüero, el fiscal general habría solicitado reiteradamente viáticos por viajes oficiales que, según la denunciante, no se habrían concretado en los términos declarados.

“En algunos casos se declaraban viajes de varios días cuando la actividad oficial duraba solo dos”, explicó. Los montos por viático, según detalló, oscilarían entre 2 y 2,5 millones de pesos por viaje, y podrían acumular cifras cercanas a los 20 millones de pesos mensuales en determinados períodos.

La denunciante afirmó que comenzó a objetar estas autorizaciones el año pasado, lo que —según su versión— derivó en su apartamiento del cargo y el bloqueo de accesos administrativos. También señaló que se designó a otras personas para continuar con los pagos observados.

Compras y facturación bajo sospecha

Además de los viáticos, la denuncia incluye presuntas irregularidades en compras de insumos. Se mencionaron adquisiciones de productos de limpieza por montos millonarios que, según la acusación, no habrían ingresado en su totalidad al organismo.

También se expuso el caso de compras de resmas de papel que, de acuerdo con la funcionaria, superaban ampliamente el consumo histórico del Ministerio Público Fiscal.

Según lo manifestado en la conferencia, existirían audios en los que se haría referencia a la confección de facturas para justificar determinados pagos. Estos elementos fueron incorporados como prueba en la presentación judicial.

Archivo exprés y pedido de protección

La denuncia inicial fue radicada en la justicia provincial, pero —según se indicó— habría sido archivada en pocas horas sin que se ordenaran medidas de prueba como allanamientos o secuestro de documentación.

Ante esa situación, la defensa de Agüero acudió a la Justicia Federal. Se solicitó además la incorporación de la funcionaria y de su hija —quien también se desempeñaba en el área contable— al Sistema Nacional de Protección de Testigos, tras denunciar presuntos hechos de hostigamiento posteriores a la presentación.

Agüero afirmó que personas vinculadas al organismo se presentaron en domicilios familiares tras la denuncia, lo que incrementó su preocupación.

Posible juicio político

El abogado patrocinante anunció que presentará un pedido de juicio político ante la Legislatura provincial por presunto mal desempeño de funciones. El planteo buscará que se investigue la conducta del fiscal general y que eventualmente se disponga su suspensión preventiva.

Por su parte, el gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, habría sido informado de la situación en reuniones previas con la funcionaria, según se indicó durante la conferencia.

Un impacto institucional

El Ministerio Público Fiscal es el órgano encargado de promover la acción penal y velar por los intereses de la sociedad. Por ello, la gravedad institucional de la denuncia ha generado repercusiones en el ámbito político y judicial de la provincia.

Desde el entorno de la denunciante sostienen que la investigación debe avanzar con independencia y transparencia. Hasta el momento, no se conoció una respuesta pública formal del fiscal general respecto de las acusaciones.

La causa se encuentra ahora bajo análisis en la Justicia Federal, que deberá determinar si existen elementos suficientes para impulsar una investigación penal.

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