Buenos Aires, 11 de febrero de 2026 — El Poder Ejecutivo nacional presentó ante el Congreso un proyecto de Ley de Régimen Penal Juvenil que reabre el debate sobre la edad de imputabilidad en Argentina y propone cambios sustanciales en el tratamiento de menores que cometen delitos. La iniciativa, incluida en el temario de las sesiones extraordinarias, será discutida este jueves en una sesión especial en la Cámara baja.
La reforma busca reemplazar la normativa vigente desde 1980, considerada por el Gobierno como “obsoleta”, y adaptar el régimen penal a los estándares internacionales y a la realidad actual. El proyecto propone, entre sus principales cambios, la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, lo que permitiría que adolescentes de esa edad puedan ser juzgados penalmente por ciertos delitos graves.
La propuesta fue debatida en un plenario de comisiones donde obtuvo despacho de mayoría, con la intención de avanzar rápidamente al recinto para su votación. El texto oficial establece un nuevo marco para el régimen penal de menores e introduce cambios en la lógica de sanción y en la estructura del proceso penal cuando se trata de adolescentes.
¿Qué incluye la reforma?
Entre los aspectos más controvertidos se destacan:
- Bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, una medida que ha generado fuerte discusión en la sociedad y en ámbitos políticos.
- Incorporar un régimen penal juvenil actualizado, que reemplaza la ley actual, que data de 1980.
- Enumerar nuevas pautas de procedimiento para casos que involucren menores, con penas máximas y sanciones adaptadas al nuevo régimen.
En el plenario, legisladores oficialistas defendieron la iniciativa argumentando que responde a un reclamo social por mayores niveles de seguridad y justicia para las víctimas de delitos cometidos por adolescentes.
Polémica y críticas
La propuesta no ha estado exenta de críticas. Diversos sectores de la sociedad, organizaciones especializadas en derechos de niñas, niños y adolescentes, y parte de la oposición han expresado su rechazo a la baja de la edad de imputabilidad. Argumentan que dicha medida podría criminalizar a menores sin ofrecer soluciones integrales en materia de inclusión social y educación.
La reforma también ha suscitado pronunciamientos de entidades como Unicef y defensorías provinciales, que alertan sobre posibles retrocesos en los estándares de protección de derechos humanos y piden enfoques que prioricen la prevención y la justicia restaurativa antes que el castigo.
Próximos pasos
Luego de conseguir despacho favorable en comisiones, el proyecto será debatido en una sesión especial en la Cámara de Diputados, prevista para este jueves 12 de febrero. Allí, la discusión se anticipa tensa, con posicionamientos cruzados entre bloques que apoyan la iniciativa y quienes demandan un texto con un enfoque más centrado en derechos y políticas sociales.
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