La Rioja. La jueza de Instrucción N°2, doctora Gisela Flamini, se refirió a la creciente cantidad de causas por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar en la provincia y explicó las herramientas judiciales disponibles para garantizar el cobro de la cuota alimentaria. Además, opinó sobre la implementación del sistema acusatorio y el debate en torno a la baja de la edad de imputabilidad.
Incumplimiento de cuota alimentaria: un delito frecuente
En los últimos días, tomó estado público el procesamiento de un padre que no abonaba la cuota alimentaria, quien fue embargado por una suma millonaria y sometido a diversas restricciones administrativas y personales.
Consultada sobre cómo avanza la Justicia en estos casos —sin referirse al expediente concreto—, Flamini explicó que el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar constituye un delito que presenta múltiples dificultades, especialmente en el actual contexto económico.
“Muchas veces los deudores alimentarios no tienen trabajos registrados o están en la informalidad. Eso dificulta encontrar herramientas eficaces para que la cuota llegue efectivamente a quienes corresponde, que son los niños”, señaló.
La magistrada precisó que este tipo de causas se encuentra entre las más frecuentes en el juzgado. “Después de amenazas, lesiones e impedimentos, el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar está entre los delitos con mayor cantidad de expedientes”, detalló.
Según explicó, el procesamiento penal implica que la causa puede elevarse a juicio, pero reconoció que esa medida no siempre satisface la necesidad urgente de quien reclama el pago.
“A las mujeres —que generalmente son quienes se hacen cargo de sus hijos— el procesamiento no les sirve si no se logra cobrar la cuota. Lo que buscan es poder cubrir las necesidades básicas de sus hijos”, afirmó.
Entre las herramientas disponibles, mencionó embargos, entrega de bienes en uso, restricciones para salir de la provincia o del país e incluso prohibiciones para ingresar a determinados espectáculos deportivos. Estas medidas, explicó, tienen como objetivo incentivar el cumplimiento de la obligación alimentaria.
No obstante, aclaró que la fijación definitiva de la cuota corresponde a la Justicia Civil, mientras que el fuero penal investiga el delito y puede generar antecedentes o una eventual condena.
Sistema acusatorio: mayor agilidad y respuestas
Flamini también se refirió a la implementación del sistema acusatorio en la provincia, una reforma que considera fundamental para mejorar el funcionamiento judicial.
Actualmente, explicó, el sistema es mixto y la etapa de investigación es escrita y burocrática. “Eso genera acumulación de expedientes y demora en las respuestas. La gente muchas veces viene a la Justicia y no obtiene una solución, no por falta de voluntad, sino porque el sistema no ayuda”, sostuvo.
Con el nuevo modelo acusatorio, las causas que realmente deban llegar a juicio serán priorizadas, mientras que otras podrán resolverse mediante mediación, conciliación, archivos o criterios de oportunidad.
“Lo importante es darle una respuesta de calidad a la gente, adecuada a cada caso”, destacó.
Sin embargo, advirtió que para que el sistema funcione correctamente es imprescindible contar con un diseño claro de política criminal. “Si no tenemos definidos cuáles son los delitos prioritarios y cómo abordarlos, el sistema acusatorio no va a funcionar”, alertó.
Baja de la edad de imputabilidad: una medida sin impacto en la seguridad
En relación con el debate nacional sobre la baja de la edad de imputabilidad, Flamini fue crítica y calificó la propuesta como parte de lo que en criminología se denomina “populismo penal”.
“La seguridad no se va a reducir bajando la edad de imputabilidad”, afirmó.
La jueza sostuvo que, según estadísticas de los últimos 30 años, los delitos cometidos por menores de edad no superan el 2% del total en Argentina, y más del 50% corresponde a delitos contra la propiedad.
“Lo que generaría sería sobrepoblación carcelaria e incorporar menores a establecimientos que no están preparados. No va a impactar en la seguridad”, remarcó.
Para Flamini, la problemática de la inseguridad debe abordarse mediante políticas interdisciplinarias e interseccionales, y no únicamente desde el enfoque punitivo.
“Si interrumpimos el desarrollo de adolescentes y los ingresamos al sistema carcelario, podemos estar formando futuros delincuentes”, concluyó.
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