La alerta por el avance de la “supergripe” H3N2 en Argentina, con casos confirmados en 14 provincias y un marcado aumento de contagios, no debería sorprendernos —pero sí preocupa profundamente que ocurra en un contexto donde la capacidad del Estado para responder eficazmente parece debilitada. Según los datos oficiales, en apenas una semana los casos confirmados de la influenza A subclado K pasaron de 11 a 28, con un crecimiento superior al 150% y casi la mitad requiriendo internación. La mayoría de los afectados son adultos mayores y niños, grupos especialmente vulnerables que dependen con mayor intensidad del sistema de salud pública.
En Argentina, el avance de este virus —más contagioso que las cepas tradicionales de gripe estacional— debe leerse en clave epidemiológica y política. Epidemiológicamente, la aparición del subclado K en pleno verano y su expansión acelerada anticipan una temporada de impacto sanitario considerable en otoño e invierno. Ya en otras regiones del mundo esta variante mostró su capacidad de propagación rápida y presión sobre los sistemas de salud.
Sin embargo, lo más dramático de la actual situación es que encuentra a nuestro país con un sistema de atención debilitado y con recursos reducidos justo cuando se necesitan fortalecer las capacidades de vigilancia, prevención y hospitalización. Desde la asunción del presidente Javier Milei a fines de 2023, las políticas públicas han estado marcadas por profundos recortes en el gasto sanitario. Informes independientes y análisis de think tanks documentan que, en términos reales, el presupuesto destinado a salud ha caído considerablemente respecto de 2023, con reducciones notables en la financiación de hospitales nacionales, servicios esenciales y programas preventivos, incluyendo los vinculados a vacunación y control de enfermedades transmisibles.
Este ajuste sistemático, que también ha implicado despidos de personal en áreas clave y una disminución de la ejecución de partidas presupuestarias, ha erosionado la capacidad de respuesta estatal. El debilitamiento del Instituto Malbrán, la ANMAT y otros organismos técnicos reduce no solo la vigilancia epidemiológica, sino también la capacidad de producción y control de medicamentos y vacunas. La falta de inversión en infraestructura sanitaria y recursos humanos deja al sistema al borde de la saturación frente a brotes como el que estamos viendo con la H3N2.
Además, la pandemia global reciente nos enseñó que la prevención y la preparación son tan importantes como la atención de casos ya desarrollados. Un Estado que desinvierte en campañas de vacunación, promoción de la salud o fortalecimiento de sistemas de información epidemiológica renuncia, en los hechos, a proteger a su población más vulnerable. Que solo el 21% de los casos confirmados contra la H3N2 estuvieran vacunados da cuenta de este desafío pendiente y la necesidad de políticas públicas robustas y sostenidas.
Hoy, la expansión de la “supergripe” en Argentina debe ser una llamada de atención sobre la importancia de políticas sanitarias con perspectiva de largo plazo y recursos adecuados. La salud pública no puede ser un área subfinanciada en tiempos de ajuste; es una inversión social que salva vidas y mitiga el impacto de crisis sanitarias recurrentes.
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