El gobierno de El Salvador ha intensificado su presencia militar en Haití tras la desaparición de cuatro técnicos militares salvadoreños en Puerto Príncipe. El hecho motivó una fuerte reacción del presidente Nayib Bukele, quien lanzó un ultimátum directo a las peligrosas bandas armadas que operan en territorio haitiano.
Un ataque y un rescate en marcha
Los cuatro uniformados formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión multinacional respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El pasado 18 de octubre, el vehículo blindado en el que se movilizaban fue interceptado y atacado con armas de fuego y explosivos en el barrio de Santo, al norte de la capital, una zona donde las organizaciones criminales controlan cerca del 90% del territorio.
Desde entonces, el paradero de los efectivos sigue siendo desconocido. Ante esta situación, el presidente Bukele ordenó el envío de cientos de soldados de fuerzas especiales salvadoreñas —con la colaboración logística de Colombia— con el objetivo central de rescatar con vida a los desaparecidos. Paralelamente, el mandatario advirtió a las pandillas locales:
«Si acabamos con las pandillas de acá, podemos acabar con ellos. Es decisión de ellos si quieren que los acabemos o no. Nuestro objetivo es rescatarlos con vida y, en ese camino, vamos a darle una lección a las pandillas que los secuestraron».
Dudas y desafíos sobre el terreno
El despliegue ha abierto múltiples interrogantes sobre las reglas de enfrentamiento, la cadena de mando y la coordinación entre el contingente enviado por El Salvador, la policía haitiana y los demás países que integran la misión multinacional de la ONU (como Guatemala, Jamaica, Chad y Kenia).
Asimismo, analistas internacionales e investigadores de dinámicas criminales cuestionan si el «modelo de seguridad» aplicado por Bukele en El Salvador puede replicarse en Haití. A diferencia de las pandillas centroamericanas, las bandas haitianas operan con características similares a milicias paramilitares, disponen de armamento de guerra de alta potencia y cuentan con redes de complicidad política y económica profundamente arraigadas en un Estado sumido en una severa crisis de gobernabilidad desde el magnicidio de Jovenel Moïse en 2021.
Mientras continúan las operaciones conjuntas en el área metropolitana de Puerto Príncipe, el caso ha vuelto a poner bajo la lupa internacional la profunda crisis humanitaria y de violencia que azota al país caribeño.
- Enlace al video original: https://youtu.be/tBSH8vTX4Ls
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