VILLA MAZÁN (Departamento Arauco) — La mina de cuarzo ubicada en la localidad de Estación Mazán atraviesa un severo conflicto legal y laboral. El yacimiento fue clausurado semanas atrás tras reiteradas denuncias por graves irregularidades operativas y administrativas cometidas por la firma responsable, Compañía General de Minerales (CGM).
Federico Gambarelli, exempleado del emprendimiento, expuso la crítica situación que enfrentan 17 trabajadores perjudicados por sueldos e indemnizaciones impagas, además de abultadas deudas acumuladas por la empresa en comercios, proveedores e instalaciones locales de Aimogasta.
Controles deficientes y maniobras sospechosas
Según el testimonio de Gambarelli, la firma con sede en La Plata comenzó a registrar fallas de pago e inestabilidad institucional desde fines del año pasado. La crisis se profundizó con el ingreso temporal de un grupo privado proveniente de Tinogasta (Catamarca), intervención que derivó en presuntas estafas cruzadas, irregularidades con la documentación y el posterior abandono definitivo de las operaciones.
Entre las anomalías presentadas ante las autoridades provinciales y laborales —con el patrocinio de la abogada Ruth Bordo—, los damnificados señalaron:
- Manipulación de explosivos: Manejo ilegal de detonantes por parte de personal sin capacitación ni habilitación técnica correspondiente.
- Falta de fiscalización: Ausencia de registros y planillas oficiales de control estatal sobre el volumen y cargamento de cuarzo extraído con destino a otras provincias.
- Clausura e inspección: La intervención de la Policía Minera confirmó deficiencias operativas y la presencia irregular de explosivos en el yacimiento, lo que derivó en el cierre definitivo de las instalaciones, motivado también por el reclamo de licencia social interpuesto por la comunidad.
Alerta por el retiro de maquinaria
A pesar de la clausura provincial y la interposición de múltiples embargos judiciales contra CGM, los extrabajadores alertaron sobre el retiro de maquinaria y bienes del predio minero hacia Aimogasta por parte de terceros.
Los damnificados exigen la intervención de los organismos competentes para frenar el vaciamiento de los talleres, solicitando que el equipamiento remanente quede en resguardo judicial para responder a los salarios adeudados y los compromisos financieros pendientes de la empresa.
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