En un contexto de fuerte presión sobre los bolsillos por el incremento sostenido de los servicios, senadores del bloque justicialista impulsan en el Congreso un proyecto de ley que apunta a modificar de raíz el esquema tarifario eléctrico en el Norte Grande argentino. La iniciativa propone un régimen diferencial que contemple las particularidades climáticas y socioeconómicas de la región.
El eje del proyecto es la creación de un “Régimen Federal de Tarifa Eléctrica Diferencial”, que alcanzaría a diez provincias del NOA y NEA —entre ellas La Rioja— y beneficiaría a más de 10 millones de personas.
La propuesta establece descuentos de hasta el 50% para usuarios de bajos ingresos y del 35% para sectores medios y entidades sociales, con el objetivo de reducir el costo de la energía en zonas donde el consumo es estructuralmente más alto debido a las temperaturas extremas.
Energía como necesidad, no como lujo
Uno de los argumentos centrales de los legisladores es que en el norte argentino el uso de equipos de refrigeración no puede considerarse un gasto opcional. Las condiciones climáticas —con veranos que superan los 40 grados— obligan a un consumo eléctrico elevado para garantizar condiciones mínimas de habitabilidad.
En ese marco, remarcan que el actual esquema tarifario no contempla estas diferencias regionales, lo que genera una inequidad estructural frente a otras zonas del país con climas más benignos.
Críticas al esquema actual y subas acumuladas
El proyecto también se apoya en el fuerte impacto que tuvieron los aumentos recientes en las boletas de luz. Según exponen los impulsores, las tarifas registraron incrementos de entre el 600% y el 700% en el último período, producto de la reducción de subsidios y la liberalización del sistema energético.
En ese sentido, advierten que el servicio se volvió “impagable” para muchos hogares del norte, especialmente en provincias donde no existe acceso masivo al gas natural, lo que incrementa la dependencia de la electricidad.
Sin tope de consumo y con criterios más flexibles
A diferencia del esquema vigente, la iniciativa plantea eliminar los límites de consumo subsidiado, permitiendo que los beneficios se apliquen sobre el total de la energía utilizada. Además, propone que los futuros aumentos estén atados a variables como los salarios o la inflación, para evitar desfasajes abruptos.
También se prevé incluir a instituciones de bien público —como clubes y organizaciones sociales— dentro del régimen de beneficios, ampliando el alcance del impacto social de la medida.
Un debate que se traslada al Congreso
El proyecto ya fue presentado formalmente y comenzará a ser analizado en comisiones del Senado en las próximas semanas. Los impulsores buscan instalar la discusión como una cuestión de equidad federal, en medio de un escenario donde las diferencias regionales en el costo de vida y en el acceso a servicios básicos vuelven a estar en el centro del debate político.
Con esta iniciativa, el bloque del PJ intenta posicionar la problemática energética del norte como un tema estructural, más allá de coyunturas económicas, y abrir una discusión de fondo sobre cómo se definen y distribuyen los costos de un servicio esencial en el país.
About The Author
