La salida de Marco Lavagna de la conducción del INDEC generó una ola de cuestionamientos sobre la independencia y la confiabilidad del organismo estadístico, luego de la decisión del Gobierno de suspender la implementación de la nueva canasta para medir la inflación a partir de enero. El sociólogo Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, advirtió que se trata de una “mala decisión” con consecuencias profundas en la credibilidad institucional.
En diálogo radial, Salvia sostuvo que la intervención política sobre el INDEC constituye “un error desde el punto de vista de la política económica, pero también de la política de información estadística”. En ese sentido, afirmó que la medida deja en evidencia que en la Argentina “no existe un organismo estadístico verdaderamente independiente, capaz de fijar sus tiempos y metodologías sin influencias políticas”.
El sociólogo recordó que durante los últimos años se había avanzado en la recuperación del prestigio del INDEC, primero con la gestión de Jorge Todesca y luego con la de Lavagna, quien impulsó procesos de modernización, transparencia y ampliación de la información pública. “Costó mucho devolverle credibilidad al instituto después de la intervención de años anteriores, y decisiones como esta vuelven a dañarla”, remarcó.
Salvia explicó que la no actualización del índice de precios tiene efectos que van mucho más allá de la discusión técnica. “Impacta directamente en jubilaciones, salarios y negociaciones paritarias, porque se siguen utilizando indicadores menos realistas para actualizar ingresos”, señaló. A su vez, advirtió que el perjuicio mayor no es el eventual impacto inflacionario —que estimó en apenas dos o tres puntos— sino la pérdida de confianza en los datos oficiales.
“El bolsillo siente la realidad. Si la gente no cree en el índice de precios, va a guiarse por expectativas o por mediciones privadas alternativas, y eso debilita el rol central que debe tener un organismo público de estadísticas”, afirmó.
En relación con la pobreza, Salvia fue aún más crítico. Indicó que no solo se frenó la actualización del IPC, sino que tampoco se avanzó en la revisión de la composición de la canasta básica total, que aún se calcula con parámetros de 2004-2005. “Ese cambio tendría un impacto mucho más significativo en la medición de la pobreza que la actualización del índice de precios en sí”, explicó, y agregó que su postergación tiende a subestimar los niveles reales de pobreza en contextos de fuerte aumento de los servicios públicos.
Para el director del Observatorio de la Deuda Social, la decisión de frenar la nueva metodología responde a razones políticas y fiscales. “Permite mostrar una baja de la inflación sin sobresaltos metodológicos y, al mismo tiempo, contener el gasto social, especialmente en jubilaciones y pensiones”, sostuvo. Sin embargo, advirtió que se trata de una “victoria engañosa” que termina erosionando la confianza pública.
Finalmente, Salvia consideró que la renuncia de Lavagna se inscribe en un contexto de fuertes presiones políticas. “Hay un punto en el que está en juego la reputación profesional. Lavagna hizo aportes valiosos al INDEC, pero temas como precios y pobreza son extremadamente sensibles para cualquier gobierno, y la autonomía estadística suele ser más un ideal que una realidad”, concluyó.
La salida del titular del INDEC reabre así un debate histórico en la Argentina: la necesidad de contar con estadísticas públicas confiables, transparentes y alejadas de las urgencias políticas coyunturales, como condición básica para la toma de decisiones económicas y sociales.
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