La situación financiera de algunos municipios riojanos volvió a quedar bajo la lupa tras conocerse medidas judiciales y administrativas vinculadas a deudas y rendiciones pendientes con organismos nacionales.
En el caso del Municipio de Chamical, la Justicia Federal ordenó un embargo por más de 5 millones de pesos debido a una deuda que mantiene desde 2019 con la entonces Secretaría de Trabajo de la Nación. La medida se enmarca en un proceso de ejecución fiscal iniciado por el Estado nacional para recuperar fondos adeudados.
Según consta en la actuación judicial, al momento de ejecutarse el embargo sobre la cuenta oficial que la comuna posee en el Banco Nación, el saldo disponible era de apenas 15.685 pesos, monto insuficiente para cubrir la deuda reclamada. Ante esta situación, se solicitó extender la medida cautelar a otras cuentas bancarias del municipio, incluyendo las que posee en el Banco Rioja, con el objetivo de garantizar el cobro de la acreencia.
La deuda se originó por incumplimientos vinculados a programas administrados por el área laboral nacional y se arrastra desde hace varios años, generando intereses y costos judiciales que incrementaron el monto reclamado.
Peñaloza debió devolver fondos nacionales
Por otra parte, el departamento General Ángel Vicente Peñaloza también enfrenta consecuencias derivadas de observaciones realizadas por organismos nacionales sobre el manejo de fondos públicos.
En este caso, la comuna tuvo que reintegrar más de 10 millones de pesos al Estado nacional luego de la rescisión de un convenio firmado en 2020. La decisión se produjo debido a la falta de presentación de la documentación respaldatoria y de las rendiciones de cuentas exigidas por el programa financiado con recursos nacionales.
De acuerdo con los antecedentes administrativos, la ausencia de rendiciones impidió acreditar correctamente la utilización de los fondos transferidos, motivo por el cual la Nación dispuso la devolución de los recursos oportunamente girados.
Preocupación por la administración de fondos públicos
Ambos casos reflejan las exigencias cada vez más estrictas de los organismos nacionales y de la Justicia respecto al control de los recursos públicos transferidos a provincias y municipios. Los procesos de auditoría y fiscalización buscan garantizar la correcta utilización de los fondos estatales y el cumplimiento de las obligaciones de rendición establecidas en los convenios suscriptos.
Las situaciones de Chamical y General Ángel Vicente Peñaloza vuelven a poner en debate la gestión administrativa de los municipios y el impacto que este tipo de medidas puede tener sobre las finanzas locales, especialmente en un contexto económico complejo para las comunas del interior riojano.
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