El máximo tribunal revocó un fallo que mantenía vigente la Ley de Tierras Rurales de 2011, avalando de facto el decreto del presidente Javier Milei. Organizaciones sociales y políticas advierten sobre la «extranjerización» del territorio, mientras un informe revela que ya el 5% del país (más de 13 millones de hectáreas) está en manos foráneas.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2026. – La Corte Suprema de Justicia de Argentina dictaminó que los excombatientes de la Guerra de las Malvinas no tienen legitimidad activa para impugnar el decreto de necesidad y urgencia (DNU 70/23) emitido por el presidente Javier Milei en 2023, el cual derogó la Ley de Tierras Rurales. Esta resolución, que no se pronuncia sobre la constitucionalidad del decreto pero lo deja firme al rechazar la acción judicial, elimina las restricciones que impedían a particulares y empresas extranjeras adquirir más del 15% del total de las tierras rurales del país.
El origen del conflicto legal
La Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, establecía topes a la posesión y venta de tierras a extranjeros, además de proteger zonas fronterizas, áreas con cuerpos de agua y las regiones de mayor productividad agrícola (zonas núcleo). Tras la asunción de Milei, su gobierno incluyó la derogación de esta norma en un «megadecreto».
En respuesta, una asociación de excombatientes de la Guerra de las Malvinas presentó una acción judicial argumentando que la medida era inconstitucional y atentaba contra la soberanía nacional. Si bien en 2024 la Cámara Federal de La Plata les dio la razón y restableció la vigencia de la ley, el Gobierno apeló ante la Corte Suprema. Ahora, el alto tribunal revocó esa sentencia argumentando falta de legitimidad de los demandantes, lo que deja el camino libre para la compra de tierras sin los antiguos topes.
Un territorio ya altamente extranjerizado
El debate se intensifica a la luz de los datos del Observatorio de Tierras, gestionado conjuntamente por el CONICET y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Un estudio con corte a diciembre de 2025 reveló que el 5% del territorio nacional argentino, equivalente a más de 13 millones de hectáreas (una superficie similar a la de Inglaterra), ya pertenece a firmas o Estados extranjeros.
Estados Unidos encabeza esta tenencia con 2,7 millones de hectáreas, seguido por inversores de Italia y España. Además, el mapa de la propiedad rural muestra distritos que ya superan ampliamente el antiguo límite del 15%, como el departamento Lácar en Neuquén, General Lamadrid en La Rioja y diversas zonas de Salta, donde la propiedad extranjera supera el 50%.
El fracaso en el Congreso y la presión política
Previamente, el Gobierno de Milei había intentado validar esta medida a través del Congreso. Sin embargo, ante la amenaza de incluir la venta de tierras en un proyecto de ley omnibus, se desataron masivas movilizaciones sociales en agosto que forzaron al Ejecutivo a retirar ese capítulo del debate legislativo por falta de votos, incluso entre sus propios aliados.
A pesar del fallo de la Corte, la batalla política continúa. El DNU que derogó la ley ya fue rechazado por el Senado, y ahora las fuerzas de la oposición y organizaciones sociales presionan a la Cámara de Diputados para que repita ese rechazo. Según expertos jurídicos consultados, un nuevo rechazo en la Cámara baja significaría la «nulidad absoluta e insanable» del decreto.
El interés de las grandes tecnológicas
El contexto de la derogación también despierta alertas sobre el destino de estos territorios. El Observatorio de la Tierra señala que la eliminación de las restricciones podría facilitar la apropiación de recursos estratégicos más que fomentar inversiones productivas tradicionales.
En este escenario, magnates tecnológicos como Peter Thiel, fundador de Palantir, quien ha establecido vínculos con el gobierno argentino y fijado su residencia en Buenos Aires, han manifestado interés en la Patagonia. La región, con sus vastos espacios abiertos y clima frío, es vista como un «plan B» ideal para la construcción de macrocentros de datos, a pesar de las críticas por el altísimo consumo de agua y energía que estas instalaciones requieren y que ya han generado rechazo en otros países.
Mientras el Congreso define el futuro del decreto, la sociedad argentina sigue dividida entre quienes defienden la liberalización del mercado de tierras como un imán para las inversiones y quienes advierten sobre un riesgo histórico para la soberanía y los recursos naturales del país.
Fuente: Reporte de FRANCE 24 Español (30 de septiembre de 2026) y datos del Observatorio de Tierras (CONICET-UBA).
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